El caso del joven baleado el pasado 8 de marzo frente al boliche "Plank" ha tomado una dimensión institucional crítica. Rubén Figueroa, padre del joven herido y también integrante de la fuerza de seguridad, brindó detalles sobre el violento episodio que hoy mantiene a su hijo internado en Buenos Aires, luchando por no perder su pierna.
Prefectura tras los pasos de la Policía
Un punto central en el avance de la causa es la exclusión de la Policía de Santa Cruz en las tareas periciales. Figueroa enfatizó que, ante la gravedad de lo ocurrido y la presunta participación de efectivos de la fuerza local, el Juzgado Provincial ha delegado las tareas de auxilio y recopilación de pruebas en la Prefectura Naval Argentina.
"La causa la investiga el juzgado con el auxilio de la Prefectura, que son quienes están recopilando las pruebas, dado que los implicados en este hecho son puntualmente personal policial", explicó Figueroa, subrayando la necesidad de que la investigación sea lo más transparente posible para evitar el encubrimiento interno.
Un disparo a "boca de jarro"
El relato del hecho es desgarrador. Según Figueroa, su hijo intervino para separar una pelea cuando fue derribado. Mientras estaba en el suelo y sin posibilidad de defensa, un efectivo policial le disparó con una escopeta a una distancia mínima, denominada técnicamente como "a boca de jarro". El impacto se produjo a menos de 10 centímetros de la pierna, incrustando perdigones, pólvora y restos de ropa.
Abandono institucional
Figueroa denunció que, pese a ser él mismo parte de la fuerza, el Jefe de Policía y el Ministro de Seguridad le indicaron que "se arreglara por su cuenta" para conseguir el traslado médico a Buenos Aires, el cual recién se concretó el 20 de abril tras una larga agonía burocrática.
La búsqueda de responsables
Para Figueroa, lo ocurrido no fue un procedimiento mal ejecutado, sino una tentativa de homicidio. El padre de la víctima no solo apunta contra quien "jaló la cola del disparador", sino también contra el resto de los efectivos que estuvieron presentes en el lugar.
"Es lamentable que se tapen entre todos. Ni el hospital informó el ingreso de un herido de arma de fuego como corresponde", denunció. Actualmente, la Prefectura Naval trabaja en la identificación de los operadores de escopeta que prestaron servicio esa noche para determinar las responsabilidades penales y administrativas de un ataque que Figueroa define como un "fusilamiento frustrado".