La gestión de Pedro Prodromos al frente del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz sumó un capítulo crítico este fin de semana. El Juez Civil de El Calafate, Alberto Ludueña, emitió una orden tajante: el Ministerio debe eliminar de forma inmediata un video institucional que, bajo la premisa de informar un operativo, terminó vulnerando la intimidad de una menor de edad.

El estilo Prodromos bajo la lupa
Desde el inicio de su gestión, Prodromos ha apostado por una comunicación directa y de alto impacto visual, exponiendo procedimientos policiales casi en tiempo real. Sin embargo, este caso en El Calafate —donde se allanó el domicilio de una estudiante tras la viralización de una foto con un arma— dejó al descubierto las falencias de esta estrategia.

La Justicia determinó que el video oficial no solo era innecesario para la información pública, sino que funcionó como una "criminalización temprana". A pesar del pixelado de rostros, la exposición de la fachada de la vivienda y detalles del operativo permitieron la identificación indirecta de la menor, rompiendo los protocolos básicos de protección de la niñez.

¿Información o propaganda política?
Uno de los puntos más sensibles del fallo es la observación sobre el uso político del contenido. La Defensoría Oficial, a cargo de la Dra. Ornela Guide, logró que la Justicia reconociera que el Ministerio utilizó una situación judicial delicada como una herramienta de comunicación proselitista o de gestión, excediendo los límites de lo estrictamente informativo.

"Los menores son sujetos de derechos, no objetos de persecución", sentenció la defensora Guide, marcando una línea ética que el Ministerio parece haber cruzado en su afán por mostrar resultados operativos.

Consecuencias inmediatas
La orden de retiro no solo afecta a las cuentas oficiales de la cartera de Seguridad y del Gobierno Provincial, sino que sienta un precedente para los medios de comunicación. El accionar del ministro queda ahora expuesto a una contradicción: mientras busca proyectar una imagen de orden y legalidad, su propia cartera es señalada por incumplir la legislación vigente en materia de Derechos Humanos y Minoridad.

Un patrón que se repite
Este incidente reabre el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en el manejo de datos sensibles. No es la primera vez que la espectacularización de la seguridad en la provincia genera roces con el Poder Judicial. En esta oportunidad, el "freno" de la Justicia es una advertencia directa a la conducción de Prodromos: la seguridad pública no puede construirse sobre la vulneración de los derechos individuales, especialmente cuando se trata de menores.