Un nuevo episodio genera repercusión dentro de la Policía de la provincia de Santa Cruz. El Suboficial Escribiente Víctor Cortes, quien se presenta como uno de los referentes de los policías autoconvocados, denunció públicamente haber sido sancionado administrativamente luego de participar de un reclamo vinculado a los derechos laborales del personal policial.

Según explicó el propio efectivo, el hecho se originó luego de participar de un bocinazo pacífico frente a una asociación civil policial, donde solicitaban explicaciones a su presidente. Tras ese episodio, Cortes indicó que se le inició un sumario administrativo, se le retiró el arma reglamentaria y se dispuso una suspensión de 30 días, medida que también alcanzó a otros dos efectivos.

El suboficial remarcó que no posee procesamiento penal ni se le imputa delito alguno, y sostuvo que las sanciones se aplicaron a pesar de que los tres efectivos sancionados trabajan en distintos destinos dentro de la fuerza, por lo que —según manifestó— no existiría riesgo de entorpecer ninguna investigación interna.

En su testimonio, Cortes también señaló que recibió una sanción adicional de 20 días de arresto luego de presentarse en la Banda de Música Policial para solicitar avales exigidos por el Decreto Provincial 212/14, normativa firmada durante la gestión del ex gobernador Daniel Peralta. Dicho decreto establece que para participar en el Consejo del Salario se debe reunir el 20% de adhesiones del personal, requisito que, según explicó, estaba intentando cumplir.

El efectivo sostuvo que su accionar se realizó dentro del marco de un decreto vigente, por lo que considera que las sanciones aplicadas resultan desproporcionadas. Además, planteó cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso administrativo al señalar presuntos vínculos entre funcionarios policiales y miembros de la asociación civil involucrada en el conflicto.

En su mensaje dirigido al gobernador Claudio Vidal, el suboficial afirmó que la fuerza atraviesa una crisis salarial, estructural y moral, y expresó que sancionar a efectivos que intentan canalizar reclamos laborales podría profundizar el conflicto interno dentro de la institución.

Cortes también manifestó que las medidas disciplinarias tienen consecuencias personales y económicas, ya que afectan su estabilidad laboral, su situación familiar y su salud emocional.

Hasta el momento, no se conoció una postura oficial de la Jefatura de Policía de Santa Cruz ni del Ministerio de Seguridad respecto a las declaraciones del suboficial ni sobre el proceso disciplinario mencionado.

El caso comienza a generar repercusión entre sectores vinculados al personal policial y vuelve a poner en debate la situación laboral dentro de la fuerza provincial y los mecanismos de representación de los efectivos.