En una jornada marcada por el diálogo sectorial, la Municipalidad de Río Gallegos formalizó un plan de alivio fiscal y administrativo destinado a los trabajadores del volante. A través de un acta acuerdo, el intendente Pablo Grasso dispuso que los vehículos afectados al servicio de taxis queden exentos de la inspección anual, prorrogando su vigencia por un año más.

La reunión contó con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Robles; la secretaria de Gobierno, Sara Delgado; y el director Administrativo de Tránsito, Paulo Ortiz. Por el sector de los trabajadores, asistieron representantes de las paradas Vélez Sarsfield, Soberanía, Malvinas Argentinas, Rivadavia y Glaciar.

Un esfuerzo fiscal de 50 millones de pesos
Desde la comuna destacaron que esta decisión implica que el municipio resignará más de 50 millones de pesos en concepto de recaudación, una cifra significativa que se suma a beneficios similares otorgados en los últimos dos años.

"La decisión del intendente es acompañar a los trabajadores porque sabemos del impacto que tienen las plataformas como Uber en el sector. No vamos a dejar solos a los taxistas en esta crisis", afirmó la secretaria de Gobierno, Sara Delgado.

Requisitos y vigencia
Si bien se posterga la revisión estética y técnica municipal hasta abril de 2027, el acuerdo establece condiciones ineludibles para garantizar la seguridad del pasajero:

Realización obligatoria de la RTO (Revisión Técnica Obligatoria).

Mantenimiento vigente de la Libreta Sanitaria.

Vigencia de la Libreta de Chofer (ambos trámites gratuitos).

Contexto crítico
Durante el encuentro, Diego Robles realizó un análisis de la situación económica actual, advirtiendo que el escenario nacional y provincial no proyecta mejoras inmediatas. En este sentido, el acta subraya que la medida busca evitar la "extinción" de un servicio que se considera esencial y seguro para los vecinos de la capital santacruceña.