El comunicado oficial del Gobierno de Santa Cruz fue tajante. Tras conocerse el allanamiento a la vivienda de una directora del CIC del Carmen por una causa federal, se dispuso su "desvinculación inmediata y definitiva". El argumento fue el "resguardo institucional" y la "confianza de la comunidad". Sin embargo, esta reacción quirúrgica y veloz no es la norma, sino una excepción que resalta, por contraste, la parsimonia con la que se manejan los escándalos cuando los protagonistas habitan los despachos del poder real.

El club de los protegidos
La ciudadanía santacruceña tiene memoria, y los archivos desmienten el discurso de la "tolerancia cero". Si de resguardo institucional se trata, ¿cómo se explica la demora de dos años para quitarle los fueros a Españón, denunciado por abuso? En ese caso, la "rapidez y responsabilidad" que hoy declama el Gobierno brilló por su ausencia, permitiendo que el tiempo diluyera el impacto social de la denuncia.

Más escandaloso aún es el caso de Gutiérrez. Al exministro de Trabajo se le secuestró un arsenal de armas en su vivienda particular. En cualquier gestión que priorice la transparencia, un hecho de tal gravedad habría significado el fin de su carrera pública. Pero Gutiérrez no es un funcionario cualquiera: es el esposo de la actual Presidenta del Consejo Provincial de Educación. Aquí, los hilos del poder y los lazos matrimoniales parecen tejer una red de contención que la Justicia y el Ejecutivo no se atreven a romper.

La estafa que no indigna
A esta lista se suma el caso de Bibini, señalado por estafas a abuelos. Mientras la funcionaria del CIC cae por un procedimiento judicial preventivo, los estafadores de nuestros adultos mayores parecen gozar de una lentitud administrativa que raya en la complicidad. ¿No merecen nuestros jubilados el mismo "resguardo institucional" que se invocó hoy para limpiar la imagen del Ministerio de Desarrollo Social?

Una ética de conveniencia
Actuar con rapidez ante una causa de la gravedad de "Aliados por la Infancia VI" es el deber mínimo de cualquier gobernante. El problema radica en la selectividad. Cuando el implicado es un eslabón débil de la cadena, el Gobierno es implacable. Cuando el implicado es un exministro con conexiones directas en las carteras educativas o un dirigente con peso territorial, el Estado se vuelve ciego, sordo y, sobre todo, lento.

La confianza de la comunidad no se recupera con un despido ejemplificador de tanto en tanto. Se recupera cuando la ley se aplica con la misma fuerza sobre el funcionario de barrio que sobre el ministro que guarda armas en su casa o el ex diputado que se escudo en fueros durante años. Mientras existan estas "dos velocidades", la transparencia en Santa Cruz seguirá siendo una puesta en escena.