El conflicto con el sector de Policías Autoconvocados en Santa Cruz se trasladó de las guardias de las comisarías a los despachos del poder y las plataformas de comunicación. El inicio de la retención de tareas por tiempo indeterminado —declarado a partir de la medianoche de este miércoles— desató una feroz batalla de posiciones entre los uniformados que reclaman salarios dignos y un Ejecutivo Provincial acorralado que busca, por todos los medios, minimizar el impacto civil de la protesta.

En las últimas horas, la tensión escaló drásticamente al confirmarse que el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía comenzaron a operar de manera coordinada utilizando medios informativos y portales digitales de la Zona Norte de la provincia para difundir la postura oficial de que el servicio de seguridad es totalmente normal y desestimar de raíz la medida de fuerza.

La estrategia oficial: Deslegitimar la huelga desde el flanco norte
Ante la enorme visibilidad que adquirieron las carpas de protesta instaladas frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos y a las puertas de la Comisaría Primera de Pico Truncado, la contraofensiva gubernamental no tardó en llegar. La estrategia del Ministerio de Seguridad apunta a socavar el espíritu de la protesta inyectando en la opinión pública la noción de que el acuartelamiento es inexistente.

A través de terminales de comunicación del flanco norte provincial, los voceros oficiales replican de forma sistemática que el acatamiento es nulo entre las filas del personal en actividad. La narrativa oficialista busca encuadrar el conflicto como un movimiento aislado, motorizado únicamente por un "pequeño grupo de personal retirado y pasivo" que carece de representatividad real y que persigue intenciones de desestabilización política de cara a la mesa paritaria del Consejo del Salario del próximo 10 de junio.

Con estos reportes, el Gobierno busca desactivar el efecto contagio en localidades clave como Caleta Olivia y Las Heras, garantizando que el patrullaje preventivo opera sin novedades estructurales.

La respuesta de las bases: "La realidad en la calle los desmiente"
La postura de los altos mandos y del arco político generó una profunda indignación en las bases operativas de la fuerza. El comisario retirado Ramón Quipildor, vocero de los autoconvocados, desestimó la operación de prensa gubernamental y ratificó que el descontento de la tropa de calle es generalizado, sumando un respaldo imponente tras el acople definitivo del Comando de Patrullas de Río Gallegos a la retención de servicios.

Desde las carpas de acampe, los agentes en lucha denunciaron que el intento oficial de invisibilizar el reclamo es un "atropello cínico" ante la desgarradora vulnerabilidad socioeconómica que sufren los uniformados de Santa Cruz.

"Operan diciendo que acá no pasa nada, pero la realidad los desmiente en la cara. Hay compañeros en actividad a los que les sacaron los medidores de luz y gas por no poder pagar las boletas y tuvieron que mandar a sus hijos a vivir con los suegros. Nos excluyeron de la paritaria violando el acuerdo de marzo y pretenden tapar el sol con las manos", manifestaron con crudeza portavoces del sector movilizado.

Guardias sitiadas pero en apresto de emergencia
Mientras el Gobierno provincial intenta sostener la normalidad en el terreno discursivo, el escenario real muestra un panorama de comisarías sitiadas y deliberaciones permanentes en las unidades operativas de Puerto San Julián, El Calafate y Caleta Olivia.

A pesar de la virulencia política del conflicto, los policías autoconvocados volvieron a llevar tranquilidad a la comunidad santacruceña, ratificando que el quite de colaboración contempla el sostenimiento inquebrantable de guardias mínimas dentro de cada cuartel. Tanto el personal de calle como la división de bomberos romperán el esquema de brazos caídos de forma inmediata para acudir ante cualquier alerta de emergencia o urgencia de gravedad que ponga en riesgo la vida o los bienes de la población civil, manteniendo el acampe y el estado de alerta hasta que se dicte un decreto de inclusión paritaria para discutir un haber que cubra la canasta básica.