En un movimiento político que promete encender las alarmas en el sector económico provincial, se dio a conocer de manera oficial el documento que frena el intento legislativo por obtener una mayor tajada de la renta extractiva. A través de una nota formal con sello de recepción del 19 de mayo de 2026 a las 11:30 horas (documentada fielmente) , el Poder Ejecutivo notificó que la ley de incremento de regalías quedó completamente sepultada.

La misiva, firmada por la Secretaria Legal y Técnica de la Gobernación, Dra. Claudia Barros, está dirigida de forma directa al Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Fabián Leguizamón. En sus líneas esenciales, comunica que mediante el Decreto Provincial Nro. 0450, firmado a principios de mayo, se veta "en todas sus partes" el texto legal sancionado originalmente el pasado 23 de abril de 2026.

La ley vetada estipulaba que la Provincia de Santa Cruz comenzaría a cobrar un 5% (cinco por ciento) en concepto de regalías mineras sobre el valor "boca mina" del mineral extraído para todos aquellos proyectos que iniciaran su etapa de construcción luego de la entrada en vigencia de la Ley Nacional 27743.

La noticia cayó como un balde de agua fría en diversos sectores que veían en este incremento una oportunidad de alivio financiero para las golpeadas arcas santacruceñas. Con una pizca de desconcierto, los pasillos parlamentarios de Río Gallegos se preguntan ahora cuál es el verdadero trasfondo de una decisión en la que el Estado decide, de forma llamativamente altruista, rechazar ingresos millonarios provenientes de corporaciones multinacionales que operan en suelo provincial.

¿Generosidad fiscal o temor a las inversiones?
Fuentes cercanas a la Legislatura manifestaron su sorpresa ante la contundencia del veto total. Es sabido que la discusión en torno al marco de la Ley Nacional 27743 abría una ventana legal para que las provincias readecuaran sus beneficios. Sin embargo, el criterio aplicado por el Ejecutivo parece priorizar el blindaje absoluto a los costos de las empresas mineras, bajo el histórico argumento de "mantener la seguridad jurídica" de los proyectos en construcción.

Con el documento ya ingresado formalmente bajo el número de orden 170, el debate queda ahora de cara a la sociedad santacruceña: mientras los municipios locales arañan recursos mes a mes para garantizar servicios básicos o pagar aguinaldos, los grandes proyectos metalíferos de la provincia acaban de recibir el mayor guiño de alivio fiscal en lo que va del año 2026.