En un escenario de máxima tensión por el reclamo salarial y laboral de los efectivos policiales, la cúpula de la Policía de Santa Cruz ha movido sus fichas de manera drástica. Bajo el argumento oficial de "necesidades del servicio" y con el fin de contrarrestar las medidas de fuerza de "quite de colaboración" y "retención de tareas", la Jefatura de Policía emitió la Disposición N° 505-D.G.P./2.026, firmada por el Comisario General Diego Martín Agüero.

El documento formaliza una masiva reestructuración que implica traslados, pases y cambios de destino obligatorios para decenas de efectivos en toda la provincia.

Esta embestida y abierta venganza de la Jefatura no es casual en su temporalidad: se ejecuta de manera estratégica a solo horas de que se concrete una nueva mesa de negociación salarial. Para los representantes del personal, la maniobra busca vaciar de fuerza el reclamo justo antes de sentarse a discutir los haberes, intentando llegar a la mesa de diálogo con una tropa disciplinada por el miedo y debilitada por los traslados compulsivos.

La medida oficial justifica el movimiento masivo de personal debido a la urgencia de garantizar la seguridad pública, alegando que las protestas perpetuadas en las calles impiden cumplir las tareas de prevención indispensables para la sociedad. Con este argumento, la cúpula decidió desmantelar áreas administrativas, escuelas de formación y sectores especiales para volcar de forma compulsiva a los agentes a las comisarías de prevención y dependencias de orden urbano.

Sin embargo, en el seno de la fuerza, la lectura de esta resolución es unánime: se trata de una flagrante muestra de disciplinamiento y persecución institucional. Fuentes internas denuncian que la reestructuración del recurso humano no busca una "optimización del servicio", sino desarticular el núcleo de los policías autoconvocados y castigar con dureza —mediante traslados forzados de localidad o pases a áreas de alta exigencia operativa en zonas críticas— a aquellos efectivos que, aun sin plegarse activamente a la retención de tareas, utilizaron las redes sociales para expresar su solidaridad y apoyo explícito al reclamo del personal.

Los traslados del "castigo"
El documento detalla pases y traslados sumamente sensibles que afectan la estabilidad familiar y el arraigo de los trabajadores policiales. Entre los movimientos dispuestos por la cúpula, se destacan:

El traslado de la Suboficial Escribiente Laura Victoria Orellana desde el Departamento Escuela Superior de Policía hacia la División Bienestar Policial de El Calafate.

El traslado del Comisario Wilfredo Denis Prieto de la Unidad Operativa Caminera a la Dirección General Regional Sudoeste, también con asiento en El Calafate.

El envío de la Oficial Subinspector Rocío Soledad Inostroza, de la prevención local de Río Gallegos, hacia la lejana Comisaría Primera de Puerto San Julián.

El traslado de la Agente Florencia Trinidad Echeverria, de la Superintendencia de Bomberos, desde Puerto Deseado a la División Cuartel 6° de Pico Truncado.

El pase de la Sargento Patricia Alejandra Flores desde Comandante Luis Piedra Buena a la Comisaría Primera de Pico Truncado.

Un detalle que desnuda la severidad de la jefatura es la aclaración explícita de que ciertos traslados lejanos se ejecutarán "sin erogar gastos al Estado provincial", obligando a los propios uniformados a costear de su bolsillo el desarraigo impuesto como sanción encubierta.

Desmantelamiento de las áreas de formación
La disposición también vacía áreas estratégicas de capacitación y relaciones institucionales para saturar las comisarías y el Departamento de Orden Urbano Zona Sur en la capital provincial. Altos mandos e instructores como la Comisario Inspector Alejandra Verónica Carrizo y el Comisario Diego Agustín Abalos fueron removidos de las escuelas policiales y enviados directamente al frente del orden urbano.

Asimismo, personal que prestaba servicios en divisiones como Relaciones Institucionales, Centro de Tiro o Canes terminó reasignado de forma abrupta a las Comisarías Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima de Río Gallegos.

Los jefes de dependencia han recibido la orden estricta de notificar formalmente a todo el personal afectado en un plazo perentorio de 48 horas. Con esta demostración de fuerza desatada a contrarreloj de la paritaria, la cúpula policial intenta sofocar el descontento interno infundiendo temor al traslado y la represalia burocrática, mientras la tensión en los pasillos de las comisarías santacruceñas alcanza su punto más álgido.