El Secretario de Gestión Legal y Técnica de Río Gallegos, el abogado Gonzalo Chute, se pronunció con dureza a través de sus redes sociales respecto al acta paritaria de la Policía de Santa Cruz celebrada en las últimas horas. Chute calificó la intervención de las autoridades laborales de la Nación como un avasallamiento de competencias y una maniobra intimidatoria ante la "incapacidad absoluta" de la gestión provincial comandada por Claudio Vidal.

En su descargo, el letrado e integrante del municipio capitalino desglosó tres puntos críticos desde la perspectiva del derecho colectivo del trabajo, sembrando interrogantes sobre el accionar del Ministerio de Capital Humano y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los tres ejes de la crítica de Chute
1. Invasión de la competencia provincial
El abogado cuestionó con vehemencia la participación de la Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo en una mesa paritaria de carácter local.

"El conflicto —si fuese caracterizado como un conflicto colectivo del trabajo— sería de competencia absolutamente provincial por tratarse de relaciones de empleo público provincial... ¿Qué hace ahí una autoridad nacional entonces?", interpeló Chute, remarcando que es la primera vez que se registra una intervención federal de este tipo sobre una fuerza de seguridad provincial.

2. El debate por la sindicalización policial
Para Chute, al encuadrar formalmente el reclamo salarial santacruceño bajo la órbita de un "conflicto colectivo del trabajo", el órgano federal abrió una puerta legal de alcances insospechados. El funcionario analizó que la intervención de la cartera nacional constituye "un paso trascendental en el reconocimiento del derecho de sindicalización de las fuerzas de seguridad, aunque sea implícitamente".

Ante esto, lanzó un interrogante político directo hacia las máximas autoridades nacionales de Seguridad:

¿Sentará este hecho un precedente para que el Ministerio de Capital Humano cite a paritarias a la Gendarmería, la Prefectura o la Policía Federal si mañana inician un reclamo?

"Me gustaría conocer la opinión al respecto de la Ministra de Seguridad de la Nación y de la Senadora Bullrich, no sé si les gustará mucho...", ironizó.

3. Repudio a las amenazas de sanción
Finalmente, el abogado rechazó de manera taxativa las advertencias de la autoridad laboral nacional de aplicar medidas coercitivas o efectuar denuncias contra el personal que sostiene el acampe pacífico. Chute esgrimió tres razones jurídicas contra el amedrentamiento:

La Nación carece de competencia en un conflicto netamente provincial.

Al no tratarse de asociaciones sindicales constituidas, la cartera nacional no tiene la potestad legal de promover sanciones.

La provincia de Santa Cruz ya cuenta con sus propias herramientas institucionales (la autoridad laboral local y el Consejo del Salario) para encauzar la negociación colectiva.

"Una apretada ante la incapacidad local"
A modo de cierre, el referente legal concluyó que la jornada no representó un espacio legítimo de diálogo social ni de negociación, sino una clara maniobra de presión política ejecutada desde Buenos Aires para auxiliar al Ejecutivo santacruceño.

"Lo que hubo hoy no fue una instancia de negociación colectiva o de diálogo social: fue una apretada del Gobierno Nacional a quienes adhieren al reclamo policial ante la incapacidad absoluta de las autoridades locales", sentenció.

Haciendo alusión directa al discurso del gobernador Claudio Vidal, Chute remató con ironía: "Vidal se la pasa diciendo que papá nación no está más. Pero para apretar policías se ve que sí".

Para ampliar la información y seguir el minuto a minuto del tenso panorama que se vive frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos, puedes ver este reporte en video sobre cómo se intensificó el conflicto policial por falta de acuerdo en Santa Cruz, donde se detalla el ingreso de los manifestantes al patio interno tras el rechazo de las ofertas salariales provinciales.