El conflicto salarial que mantiene en vilo a Santa Cruz alcanzó un punto de inflexión institucional sin precedentes. Durante la última reunión del Consejo del Salario, el propio Jefe de la Policía de la provincia, Comisario General Diego Martín Agüero, expuso con cruda honestidad el impacto de la medida de fuerza: actualmente, apenas un 10 por ciento del personal se encuentra prestando servicios en todo el territorio provincial.

Esta alarmante estadística oficial equivale a alrededor de 600 efectivos en actividad, sobre una fuerza que cuenta con un total aproximado de 6.800 integrantes. La cifra confirma lo que en los pasillos de la Jefatura y en los sectores en reclamo ya se califica como un hecho histórico: se trata del mayor nivel de acatamiento y de la medida de fuerza más masiva de la que se tenga registro en toda la historia de la Policía de la Provincia de Santa Cruz.

Una estructura al límite por la falta de personal
En su alocución ante el Consejo, el jefe policial manifestó su "especial preocupación" por la seguridad pública y reconoció que la dotación de 600 hombres que permanece formalmente en funciones resulta totalmente "insuficiente para garantizar adecuadamente la prestación del servicio".

Agüero enfatizó que las características geográficas de Santa Cruz, marcadas por grandes distancias entre localidades y las severas condiciones climáticas invernales, agravan la vulnerabilidad operativa de las comisarías.

El impacto de la retención de tareas —definida por la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria (M.U.P.P.) como un "quite de colaboración" con cobertura de guardias mínimas y emergencias— ya comenzó a golpear la gestión diaria del Estado:

Fallas judiciales: El jefe de la fuerza advirtió que la escasez de agentes provocó el incumplimiento de oficios judiciales y otras medidas de carácter urgente y crítico.

Riesgo administrativo: Asimismo, señaló que el escaso personal que sigue de forma permanente en las dependencias se ve expuesto a sobrecargas y situaciones que, con el tiempo, podrían derivar en sumarios o actuaciones administrativas perjudiciales.

Cruce de versiones por el motín de Pico Truncado
Como ejemplo de la fragilidad del esquema actual, el Comisario General Agüero citó ante la mesa paritaria el motín ocurrido en la Alcaidía de Pico Truncado, argumentando que la falta de personal obligó a forzar la intervención de áreas operativas como Bomberos e Infantería, y advirtiendo que la falta de actuación hubiera generado consecuencias de extrema gravedad.

Sin embargo, desde el terreno y en contradicción con la lectura del Jefe de Policía, surgieron declaraciones que exponen una realidad muy diferente sobre el compromiso de los uniformados.

El Comisario Inspector Alejandro Gutiérrez, subdirector de la División Regional Norte, brindó el mismo día del motín un panorama detallado que desmitifica la supuesta desprotección durante la revuelta carcelaria.

Según explicó Gutiérrez, a pesar de la compleja situación institucional y los reclamos salariales vigentes en la provincia, la totalidad del personal de la Comisaría Primera y de las dependencias vecinas acudió de forma masiva al llamado de emergencia.

El jefe regional enfatizó un dato clave: incluso aquellos suboficiales y oficiales que se encontraban de franco de servicio o participando activamente en las medidas de reclamo se colocaron sus chalecos de protección y se pusieron a disposición de forma inmediata para contener el conflicto.

Tras el exitoso operativo, el Jefe de la Unidad manifestó un profundo reconocimiento a la dotación interviniente, subrayando que la vocación de servicio y el resguardo de la comunidad se antepusieron a cualquier coyuntura interna, dejando en claro que las emergencias críticas jamás quedaron desatendidas.

El pedido de levantar la medida y la presión de Nación
Ante el panorama de parálisis, el Comisario General Agüero solicitó formalmente que se deje sin efecto el quite de colaboración, argumentando que la continuidad del conflicto perjudica tanto a la sociedad santacruceña como al propio personal de la institución.

La revelación del bajísimo porcentaje de policías en funciones permanentes no solo desnudó la masividad del reclamo salarial —cuya legitimidad fue reconocida por las propias autoridades gubernamentales y policiales en el acta— sino que aceleró la intervención del Gobierno Nacional.

Durante la misma audiencia, la Directora Nacional de Relaciones del Trabajo, Mara Mentoro, lanzó una dura advertencia: exigió el restablecimiento total del servicio bajo la amenaza de que, si la medida continúa, la Nación procederá a efectuar las denuncias correspondientes.

Mientras las bases se amparan en los números para ratificar la firmeza y el carácter histórico de una protesta sin precedentes, el Poder Ejecutivo provincial dictó un cuarto intermedio con el fin de intentar destrabar una crisis que mantiene activas las guardias mínimas y la respuesta a emergencias por el estricto compromiso de su personal.