Tras el anuncio de la Gobernación y del Consejo Provincial de Educación sobre el otorgamiento de un beneficio extraordinario de $500.000 para los docentes que no registraron medidas de fuerza desde febrero a la fecha, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) emitió un duro comunicado en el que rechazó la medida y acusó al Ejecutivo provincial de promover la división en el sector.

Bajo la consigna "Si había $500.000 para extorsionar a la docencia, había plata para evitar el conflicto", el principal gremio docente de la provincia sostuvo que la asignación revela la disponibilidad de recursos económicos que, según denuncian, fueron negados durante las negociaciones paritarias.

Los ejes del rechazo sindical
Desde el gremio expresaron que la disposición del Gobierno no constituye un reconocimiento salarial ni un incentivo a la labor educativa, sino una estrategia de sanción económica e instigación:

Disponibilidad de fondos: ADOSAC argumentó que si dicho monto se hubiese destinado a la recomposición de los salarios básicos al inicio del ciclo lectivo, se habría evitado la escalada del conflicto educativo en la provincia.

Cuestionamiento legal e institucional: La entidad sindical definió la medida como un "presentismo encubierto" y un mecanismo de disciplinamiento encaminado a penalizar el ejercicio del derecho constitucional de huelga.

Impacto en los establecimientos: Advirtieron que el pago selectivo busca generar confrontación entre los distintos integrantes de las comunidades educativas y fragmentar la organización gremial.

Reclamos estructurales: El sindicato señaló que la asignación no resuelve las problemáticas de fondo, entre las que enumeraron los sueldos por debajo de la línea de pobreza, el deterioro en la infraestructura de las escuelas y el incumplimiento de los compromisos paritarios.

Convocatoria a asambleas
En el tramo final de la declaración, ADOSAC realizó un llamado a la docencia provincial —abarcando a personal de aula, preceptores, directivos, supervisores y equipos de orientación— a debatir en instancias asamblearias las medidas de acción a seguir para la defensa de las condiciones laborales y salariales del sector.