Detrás de cada uniforme hay una persona, una familia y, hoy en día en Santa Cruz, una situación de vulnerabilidad que estremece. En medio del laberinto de decretos, resoluciones ministeriales y porcentajes económicos que dominan la agenda pública, la última conferencia de prensa de los policías y penitenciarios autoconvocados corrió el velo de la discusión técnica para exponer el lado más humano, crudo y doloroso del conflicto: el desgaste psicológico y la desesperación de quienes ya no tienen cómo sostener sus hogares.

La capital santacruceña se ha convertido en el epicentro donde confluyen realidades idénticas de toda la provincia. Delegados llegados desde Puerto Deseado, San Julián, Pico Truncado, Caleta Olivia, El Calafate y la Cuenca Carbonífera —quienes costearon sus viajes mediante colectas solidarias entre sus propios compañeros— permanecen apostados a la intemperie, compartiendo no solo el frío de los acampes, sino un sentimiento unánime de desazón y abandono institucional.

"Mate cocido y un pedazo de pan": la realidad que la cúpula no ve
Con una profunda empatía hacia sus pares y visiblemente conmovidos por las vivencias que recolectaron a lo largo y ancho del territorio provincial, los voceros relataron el impacto directo que la crisis económica tiene sobre los hijos de los trabajadores de la seguridad.

"Hay compañeros en situaciones verdaderamente muy complicadas, que hoy no están mandando a sus hijos a la escuela porque en sus casas solo tienen para darles un mate cocido y un pedazo de pan. Eso es lo que la Jefatura y el Ministerio de Seguridad no saben, o deciden no mirar", expresaron con crudeza, reflejando el dolor de padres y madres que visten el uniforme pero no logran garantizar un plato de comida digno.

La distancia con el poder político quedó marcada también en la burocracia compartida: los efectivos revelaron que desde el mes de febrero han entregado más de 15 notas formales pidiendo audiencias pacíficas con el gobernador de la provincia, sin haber obtenido una sola respuesta. Ante el desgaste y el ninguneo, anunciaron un cambio de postura nacido del cansancio: "No vamos a entregar más escritos ni a andar de atrás de nadie; nos quedamos firmes acá esperando una convocatoria formal".

Alerta roja en salud mental: una responsabilidad directa
El punto de mayor quiebre y dramatismo de la jornada rozó la estabilidad emocional de las bases, un factor históricamente tabú dentro de las fuerzas armadas y de seguridad, pero que la gravedad de la situación obligó a poner sobre la mesa. Sometidos a semanas de acampes bajo el clima invernal, presiones laborales y la reciente ola de notificaciones y sumarios en sus domicilios particulares, muchos efectivos se encuentran en un estado de vulnerabilidad psicológica límite.

Los representantes de la protesta no titubearon al trazar una advertencia devastadora y apuntar de manera directa hacia la máxima autoridad provincial respecto a posibles desenlaces fatales:

"Tenemos a muchos compañeros en crisis profunda y sintiéndose muy presionados. Hacemos responsable pura y exclusivamente al señor gobernador por la vida y la integridad de cualquier efectivo que, ante la presión, las persecuciones y los aprietes que estamos sufriendo, tome una decisión drástica sobre su vida".

Con este desesperado llamado a la empatía y a la cordura institucional, las familias policiales dejaron en claro que el conflicto ya no se reduce a una paritaria sectorial; se convirtió en una urgencia humana. Para los manifestantes, el gobernador es el único que posee la llave para destrabar el dolor de las bases, siempre y cuando decida bajarse de los despachos, mirar a los ojos a sus trabajadores y comprender que, detrás del reclamo legítimo, lo que se está pidiendo es simplemente el derecho a vivir con dignidad.