A través de un duro e inédito comunicado difundido de manera pública, distintas dependencias de la Policía de la Provincia de Santa Cruz anunciaron un cese total de sus actividades operativas. La medida se toma en respaldo directo a los efectivos que iniciaron una protesta extrema encadenándose en la capital provincial, en el marco de un fuerte conflicto salarial que atraviesa la fuerza de seguridad.

La drástica resolución fue refrendada por el personal perteneciente a la División Guardia Infantería (Zona Sur), la División GOM (Grupo de Operaciones Motorizadas - Zona Sur) y la División Canes.

Suspensión total del servicio operativo
Según expresa el panfleto oficializado por las bases de estas tres divisiones, a partir de la fecha de su publicación los uniformados "dejarán de estar presto en base y a solicitud superior de cualquier hipótesis de intervención".

Esto implica, en términos prácticos, que las unidades especiales encargadas del control de disturbios, patrullaje motorizado y operativos específicos de saturación civil retirarán su presencia de las calles.

Los portavoces de la medida de fuerza quisieron llevar tranquilidad a la población civil aclarando los motivos del reclamo:

"No es una decisión contra la sociedad, es una medida de protesta por un sueldo digno y en blanco. ¡Basta de promesas, exigimos respuestas!"

Las claves del conflicto
El conflicto policial en Río Gallegos escaló de manera acelerada en las últimas horas debido a la falta de acuerdos en las mesas de negociación paritaria. Los puntos centrales que sostienen el reclamo de los uniformados se resumen en tres ejes:

Blanqueo salarial: Exigen que los incrementos y adicionales se incorporen al sueldo básico, eliminando sumas no remunerativas.

Dignidad laboral: Bajo las consignas "Reclamar no es un delito, es un derecho" y "La dignidad no se negocia", el personal exige el cese de promesas a largo plazo por parte del Ejecutivo provincial.

Solidaridad interna: La suspensión de tareas se gatilló directamente como un acto de respaldo a los policías que decidieron encadenarse públicamente para visibilizar la precarización de sus haberes.

Hasta el momento, la Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad provincial no han emitido un comunicado oficial respecto a cómo se cubrirán las guardias operativas de las divisiones afectadas ni si se aplicarán sanciones disciplinarias a los efectivos que adhieren a la medida de fuerza. La situación mantiene en vilo a los ciudadanos de Río Gallegos.