El escenario político santacruceño sumó un nuevo capítulo de alta tensión tras conocerse la decisión del gobernador Claudio Vidal de vetar la ley que buscaba elevar del 3% al 5% las regalías para los nuevos desarrollos mineros en la provincia. Uno de los primeros en reaccionar con dureza fue el intendente de la capital provincial, Pablo Grasso, quien utilizó sus redes sociales para lanzar una fuerte crítica a las prioridades económicas del Ejecutivo provincial.

A través de un posteo directo y sin rodeos, Grasso vinculó el veto minero con el reciente pedido de endeudamiento que impulsa la provincia en los mercados financieros, trazando un paralelismo sobre de dónde se buscan obtener los recursos públicos.

"No hay recomposición salarial. Pero sí hay apuro para endeudar a Santa Cruz por 600 millones de dólares", disparó el jefe comunal al inicio de su descargo.

Las prioridades bajo la lupa
El debate por los recursos y la situación financiera de los trabajadores estatales viene siendo el eje de la discusión pública en los últimos meses. En ese sentido, Grasso capitalizó el rechazo de la norma minera para polarizar la discusión sobre el modelo de gestión actual, sintetizándolo en una dura fórmula:

"Cobrarle a las mineras: NO."

"Endeudar a los santacruceños: SÍ."

Para cerrar su publicación, el intendente capitalino sentenció de forma irónica: "Las prioridades del Gobierno están bastante claras".

Un debate que recién empieza
La ley vetada por Vidal había sido aprobada con la intención de capturar una mayor renta de la actividad extractiva para volcarla a las arcas provinciales, en un contexto de fuerte caída de recursos coparticipables y reclamos salariales en diversos sectores de la administración pública.

Con el veto consumado y la insistencia en el proyecto de endeudamiento por 600 millones de dólares en el horizonte legislativo, la oposición peronista, referenciada en figuras como Grasso, calienta motores para lo que promete ser un invierno de intensos debates en la Cámara de Diputados provincial. El oficialismo, por su parte, argumenta que subir la presión fiscal de forma unilateral podría ahuyentar inversiones clave en un sector estratégico. Las cartas ya están sobre la mesa.