El esperado regreso a la escena pública del ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, lejos de desactivar el conflicto, dejó en evidencia las profundas contradicciones y el desconocimiento con el que la cartera política administra la crisis policial. En su fuerte discurso, donde anunció un aumento por decreto y amenazó con severos descuentos bajo la premisa de "día que no se trabaja, día que no se paga", el funcionario pareció obviar de manera deliberada el funcionamiento real de las dependencias en este momento: los efectivos sí se están presentando a trabajar.

La realidad en las comisarías y comandos de toda la provincia dista mucho del escenario de abandono total que intentó dibujar el Ministerio. Bajo la modalidad de la autoconvocatoria, los agentes acuden diariamente a cumplir sus jornadas de labor. Lo que el ministro no asimila —o prefiere no verbalizar— es que una vez que la base policial se declara en conflicto, la cadena de mando con la cúpula y el poder político se rompe de inmediato. Los policías responden a las necesidades urgentes de la comunidad, no a las directivas de una jefatura con la que ya no se sienten representados.

Guardias activas ante el delito y las emergencias
La acusación oficial de que la ciudadanía quedó desamparada por la protesta se choca de frente con las actuaciones de las últimas semanas. El personal en medida de fuerza mantiene un estricto criterio de responsabilidad social:

Atención de gravedad: Ante homicidios, robos calificados, incendios o accidentes viales, los efectivos autoconvocados intervienen con el profesionalismo de siempre.

Retención administrativa: La protesta se concentra en el cese de tareas burocráticas, papeleo de comisarías y los patrullajes preventivos rutinarios ordenados por la cúpula.

Presencia física: Al fichar y permanecer en sus puestos de trabajo, el argumento legal de los "descuentos por no trabajar" ingresa en un terreno jurídico sumamente gris y peligroso para el propio Estado.

La doble moral del discurso de la seguridad
Quizás el punto más endeble del pronunciamiento de Prodromos radique en su repentina preocupación por "volver a cuidar a los santacruceños". El relato oficial intenta instalar que la vulnerabilidad del vecino comenzó hace 39 días con el acampe policial. Sin embargo, las bases y la propia sociedad civil le recuerdan al ministro una verdad incómoda: desde que asumió la actual gestión y la nueva cúpula, la provincia carece de una política de seguridad seria y concreta.

Durante los meses previos al conflicto, cuando el personal trabajaba bajo la verticalidad normal y sin ningún tipo de medida de fuerza, los índices delictivos, el abandono edilicio de las dependencias, la escasez de patrulleros y la superpoblación de detenidos ya eran una constante en Santa Cruz. Atribuirle las falencias del sistema preventivo provincial a un legítimo reclamo por salarios que superen la línea de la pobreza es, como mínimo, una maniobra de distracción política.

La cúpula y el Ministerio cumplieron su objetivo de fijar el sueldo por vía administrativa, pero siguen sin entender que la dignidad de la fuerza no se restablece con un depósito bancario. Mientras se siga ignorando que el personal está en las dependencias y que la falta de seguridad es una deuda histórica de la gestión, la resolución del conflicto seguirá estando tan lejos como el primer día.