El conflicto que mantiene en vilo a la seguridad de Santa Cruz sumó un nuevo y complejo capítulo. En las últimas horas se confirmó una fractura en el bloque de los trabajadores policiales y penitenciarios autoconvocados: mientras que las dependencias de la zona norte provincial comenzaron a levantar las medidas de fuerza, el personal de las zonas sur y sudoeste ratificó que continuará en lucha activa.

La decisión de mantener la protesta en el sur y sudoeste provincial echa por tierra las intenciones del Poder Ejecutivo de dar por cerrado el conflicto tras la aplicación del aumento salarial por decreto (Resolución 342). Para las delegaciones de estas regiones, la propuesta oficial sigue siendo unilateral, insuficiente y no refleja las necesidades reales del sector.

Una provincia dividida y la cadena de mando rota
El levantamiento parcial en el norte trajo un alivio intermitente al Gobierno Provincial, pero la persistencia del reclamo en la capital santacruceña y las localidades del sudoeste mantiene la estructura de seguridad en un escenario de extrema fragilidad.

Operaciones de emergencia: Los efectivos del sur y sudoeste reiteraron que se mantendrá el esquema que rige desde el inicio del conflicto: asistencia a los puestos de trabajo para cubrir exclusivamente emergencias y casos de extrema gravedad, pero sosteniendo la ruptura de la cadena de mando con la jefatura y el Ministerio.

Rechazo al decreto: "Por más que zona norte levante la medida, la zona sur y sudoeste siguen en lucha", señalaron voceros del sector, quienes manifestaron que la división geográfica no debilita la legitimidad de quienes aún exigen una mesa de negociación real y no una imposición salarial.

Presión oficial y amenazas de descuentos
La postura de las zonas sur y sudoeste se sostiene a pesar de las fuertes advertencias lanzadas por el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos. El funcionario había condicionado el diálogo al cese total de la protesta y amenazó formalmente con aplicar severos descuentos salariales por los días no trabajados a quienes prolonguen la medida.

Asimismo, la promesa gubernamental de otorgar un "plus por esfuerzo" para aquellos efectivos que no se sumaron al reclamo —o que decidan abandonarlo— es vista por los autoconvocados del sur como una maniobra para quebrar la unidad del movimiento, lo que ha profundizado el malestar en las bases.

Con las comisarías de Río Gallegos y los municipios de la Cuenca Carbonífera y el sudoeste firmes en el reclamo, el conflicto policial entra en una fase de desgaste e incertidumbre regional, donde la falta de políticas de seguridad integrales vuelve a quedar en el centro del debate público.