El conflicto latente por las condiciones laborales en las fuerzas de seguridad ha sumado un nuevo capítulo de organización interna. Este martes, la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria dio un paso burocrático, pero cargado de simbolismo político: la entrega de 1.752 avales ante el Secretario de Estado de Trabajo, Javier Omar Aravena.

Un mensaje de unidad interna
La cifra no es azarosa. Con la presentación de estas firmas, la Mesa busca despejar cualquier duda sobre su legitimidad para sentarse a negociar. El comunicado es enfático al señalar que el respaldo proviene de todos los escalafones: desde los agentes que recién inician hasta los oficiales y el sector de retirados.

Para los referentes de la Mesa, este volumen de firmas es el “respaldo concreto y legítimo” necesario para exigir que su voz sea la que predomine en las mesas de negociación técnica.
La mirada puesta en el Consejo del Salario
Más allá del trámite administrativo en el Ministerio de Trabajo, el objetivo de fondo es el dinero y las condiciones de servicio. La Mesa ya notificó que el siguiente paso es la reunión con el Presidente del Consejo del Salario.

Los puntos clave de la espera:
Definición de plazos: Se aguarda una convocatoria “pronta” para evitar que el malestar en las bases se incremente.

Precisiones técnicas: El sector espera que en esa mesa se presenten propuestas concretas que atiendan la pérdida del poder adquisitivo.
Estado de alerta: El comunicado cierra solicitando “acompañamiento y difusión”, una señal clara de que el sector se mantiene movilizado mientras espera el llamado oficial.

Por ahora, la pelota está en el campo del Gobierno, que deberá decidir con qué celeridad convoca a una fuerza que, según los datos presentados hoy, parece haber consolidado un frente de unidad sin fisuras entre activos y retirados.