En un giro administrativo clave dentro del conflicto que mantiene bajo tensión a la seguridad pública de Santa Cruz, el Gobierno Provincial y los representantes del personal policial y penitenciario autoconvocado formalizaron este domingo 7 de junio el primer canal de diálogo institucional en los despachos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

A través de un acta suscripta a las 11:00 horas ante la Dirección General de Conflictos Colectivos e Individuales, el Ejecutivo Provincial cedió ante la presión de las bases movilizadas y les otorgó una mesa de debate. Sin embargo, la comitiva oficial no logró que los uniformados levantaran las medidas de fuerza, dejando el escenario en un estado de tregua condicionada y máxima expectativa de cara a la semana entrante.

Impugnación gremial
La audiencia estuvo presidida por el secretario de Estado de Trabajo de la provincia, Javier Aravena. Al abrirse el intercambio de opiniones, los delegados de los policías autoconvocados ratificaron los puntos que venían manifestando en los acampes y asambleas.

Exclusión de la conducción histórica
Solicitaron formalmente la conformación del Consejo del Salario pero exigieron de manera taxativa que la Asociación Civil Policial y el Centro de Retirados no sean parte de la mesa de negociación, quedando impugnados por la totalidad del personal de las bases.

Garantías de inmunidad
Demandaron que no se aplique ningún tipo de sanción disciplinaria, sumario administrativo o traslado contra los efectivos que participan de las medidas de fuerza, sin distinción de jerarquía, funciones o destino final.

No a los descuentos y fin de los "aprietes
Exigieron que no se ejecuten descuentos de haberes por los días de huelga y el cese inmediato de "aprietes" o destratos por parte de la superioridad de la cúpula policial que afecten la integridad de los agentes.

Pedido de audiencia
Solicitaron una reunión presencial y directa con el gobernador Claudio Vidal. Para llevar tranquilidad a la comunidad, los referentes plasmaron textualmente en el documento oficial que "los servicios esenciales policiales se están cumpliendo".

Detallaron que se encuentra plenamente garantizada la atención primaria y básica en las unidades penitenciarias, así como la cobertura total de urgencias, emergencias de seguridad de calle y las guardias operativas de bomberos en toda la provincia de Santa Cruz.

La propuesta del Gobierno
Convocatoria bajo el Decreto 212/14Al tomar la palabra, el secretario de Trabajo, Javier Aravena, formalizó la convocatoria oficial para integrar la mesa del salario. El llamado quedó estipulado para el próximo miércoles 10 de junio del 2026, a las 09:00 horas, en las instalaciones de la Jefatura de Policía de Río Gallegos.

Aravena determinó que el equipo técnico de los autoconvocados en la mesa estará conformado de la siguiente manera:

Un delegado titular. Un delegado suplente. Un asesor legal. Ocho integrantes del equipo técnico. No obstante, el funcionario condicionado a la "buena fe" del diálogo y al amparo de discusión consagrado históricamente en el Decreto Provincial 212/14, solicitó formalmente a los representantes que se procediera a la suspensión total de todas las medidas de fuerza que se vienen ejecutando en las comisarías santacruceñas, priorizando el diálogo como única vía de resolución colectiva.

El paro continúa
La respuesta de las bases fue inmediata en la misma mesa ministerial. Al retomar la palabra, los representantes del personal policial y penitenciario autoconvocado rechazaron de forma unánime cualquier tipo de condicionamiento previo para sentarse a negociar.

En el cierre del acta, los uniformados plasmaron su decisión irreversible de continuar con el quite de colaboración y las medidas de fuerza vigentes hasta tanto se logre una recomposición salarial real y digna sobre el valor del punto de la jerarquía.

El encuentro finalizó con la firma en conformidad del secretario Javier Aravena, delegados de los suboficiales y agentes civiles, y referentes del movimiento como Víctor Cortés y Ramón Quipildor, entre otros oficiales certificantes.

La firma de este documento histórico de conciliación destraba el conflicto de representatividad, pero traslada toda la presión política al miércoles a la mañana en el edificio de la Jefatura.