Hay momentos en la historia de los pueblos donde las bases trabajadoras deciden que el destrato tiene un límite. Lo vivido este domingo en Santa Cruz excede las fronteras de una simple pulseada paritaria: es una auténtica revolución institucional en el corazón de las fuerzas de seguridad. El Gobierno de la provincia se encuentra atrapado en su propio laberinto político, obligado a capitular jurídicamente mediante la Disposición N° 65 que otorga reconocimiento legal a la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria (M.U.P.P.), mientras en las sombras ejecuta maniobras operativas que rozan la ilegalidad y ponen en jaque la paz social de toda la ciudadanía.

La firma del secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, convalidando los 1.752 avales de los autoconvocados, no es un acto de generosidad democrática de la gestión actual; es la claudicación inevitable del Estado ante el peso de los números y la dignidad de la calle. El esquema tradicional de contención gremial se ha pulverizado.

La purga de Monsalvo
La expulsión fulminante del Mario Monsalvo de la estructura de la asesoría, dictada por el voto unánime y soberano en el acampe central, es un mensaje de una potencia demoledora. Las bases enviaron una advertencia tajante tanto a la Jefatura como al sillón de la gobernación: se terminaron los pactos entre medianoches, las mesas chicas de espaldas a la gente y las herencias gremiales serviles al poder de turno.

Al plasmar en el acta de conciliación la impugnación absoluta a la Asociación Civil Policial y al Centro de Retirados, los hombres y mujeres que diariamente exponen su vida en los barrios desnudaron el cínico divorcio existente entre las cúpulas de escritorio y el agente de calle. Los autoconvocados dinamitaron los puentes de la vieja política y paritarán este miércoles bajo sus propias reglas, su propia representatividad federal y con la legitimidad de las urnas de la dignidad.

Peligro en las guardias
Sin embargo, el dato más escalofriante y alarmante que arroja esta crisis es el plan de contingencia desesperado que ha puesto en marcha la Jefatura de Policía. Ante la inquebrantable firmeza del "quite de colaboración" en las dependencias, el Gobierno Provincial ha cruzado una línea roja inaceptable: utilizar a los cadetes de la Escuela de Policía para cubrir los baches de las guardias en las comisarías vaciadas.

Poner al frente de una seccional a jóvenes estudiantes que legalmente carecen de estado policial, que no poseen la habilitación jurídica ni el entrenamiento para portar armas de fuego reglamentarias, y que no están facultados para intervenir ante la flagrancia de un delito, es una improvisación de una gravedad institucional incalculable.

No se puede tapar una huelga legítima utilizando a los estudiantes como escudos humanos. Esta medida desesperada no solo precariza de manera absoluta la seguridad de los vecinos de Río Gallegos y del interior provincial, sino que expone la integridad física y el futuro judicial de los propios aspirantes, arrojándolos sin herramientas al epicentro de un conflicto social que los excede por completo.

El ultimátum del miércoles
El Ministerio de Trabajo pretendió tender una trampa dialéctica, intentando condicionar la apertura del Consejo del Salario a cambio del levantamiento inmediato de las medidas de fuerza. La respuesta de la M.U.P.P. fue un portazo imponente que retumbó en los despachos oficiales: el paro no se negocia y la retención de tareas se mantiene inflexible. Los servicios esenciales y las urgencias críticas de bomberos y alcaidías se cubrirán únicamente por el estricto sentido del deber profesional de las bases, pero la parálisis en las unidades ordinarias no retrocederá un solo centímetro.

El próximo miércoles 10 de junio a las 9 de la mañana, en el edificio central de la Jefatura de Policía, se acabará el tiempo de la dilación burocrática, los dobles discursos y la cosmética mediática. Con una Mesa de Unidad legalmente reconocida y blindada por el peso indiscutible de sus firmas, el Ejecutivo santacruceño deberá demostrar si tiene la verdadera cintura política para dignificar el salario de quienes garantizan el orden público, o si continuará estirando una cuerda que ya está provocando un peligroso vacío de seguridad en toda la provincia.