En el marco de una tensa e infructuosa segunda reunión ordinaria del Consejo del Salario, celebrada este 12 de junio de 2026 en la Escuela de Policía, la cúpula de las fuerzas de seguridad de Santa Cruz lanzó un desesperado pedido para que los efectivos retomen de inmediato sus funciones. Las máximas autoridades advirtieron que la provincia atraviesa una situación límite en la que ni siquiera se está cumpliendo con el servicio mínimo indispensable para garantizar la seguridad de la ciudadanía y la custodia de los detenidos.

Un reclamo desesperado de la cúpula
La paritaria sectorial, que se extendió durante horas en la capital provincial, expuso el quiebre institucional que genera la medida de fuerza. El Jefe de Policía de la provincia, Comisario General Diego Martín Agüero, tomó la palabra para exigir formalmente que se vuelva a cumplir con el servicio de seguridad. Según sus propias palabras, la situación es crítica: actualmente no existe el servicio mínimo indispensable para cumplir con la protección de la sociedad.

En sintonía con este alarmante diagnóstico, el Subdirector del Servicio Penitenciario Provincial, Prefecto Jorge Casarini, sumó su voz de urgencia con respecto a las cárceles de la provincia. Casarini solicitó de manera taxativa que se cumpla con el servicio con los detenidos, denunciando de forma pública que no se cuenta con el personal necesario para custodiar a las personas privadas de su libertad.

Grave advertencia legal
Los jefes policiales y penitenciarios dejaron asentado en el acta acuerdo que esta retención de tareas configura un delito dentro de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, bajo la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Asimismo, las autoridades aclararon de forma tajante que la advertencia busca plasmar la legalidad vigente y no constituye una presión hacia el personal.

El rechazo a las propuestas del Gobierno
A pesar de los sucesivos cuartos intermedios y las gestiones del Poder Ejecutivo provincial —representado por los ministros de Economía, Ezequiel Verbes, y de Jefatura de Gabinete, Pedro Luxen—, todas las ofertas económicas fueron rechazadas por los representantes de los trabajadores por considerarlas "insuficientes".

El Gobierno provincial presentó un esquema que incluía:
Un aumento del valor punto a $2.355,44 para el mes de junio, con indexación mensual de julio a diciembre según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) patagónico.

La creación de un "Adicional Compensador Transitorio" de carácter no remunerativo, destinado a las jerarquías iniciales (con sumas de hasta $580.000 para Agentes y Subayudantes).

El incremento de los suplementos por funciones operativas, de alto riesgo e investigaciones a $161.280.

Con estas modificaciones, el Ejecutivo argumentó que un agente inicial que hoy percibe $1.182.351 pasaría a cobrar aproximadamente $1.876.357 con los haberes de junio. Sin embargo, la Asociación Civil Policial, la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria (M.U.P.P.) y el Centro de Retirados y Pensionados rechazaron unánimemente la propuesta. Los sectores en actividad exigieron un mayor esfuerzo presupuestario, mientras que los pasivos reclamaron que las sumas fijadas no impactan en el sector retirado al no ser remunerativas ni bonificables.

Cuarto intermedio y parálisis total
Ante la negativa de los gremios y la alarmante acefalía operativa expuesta por los jefes de las fuerzas, el Poder Ejecutivo solicitó un extenso cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 17 de junio a las 10:00 horas.

Mientras las negociaciones se trasladan a la semana entrante para evaluar nuevas alternativas financieras, la provincia de Santa Cruz queda bajo un escenario de extrema vulnerabilidad institucional, con sus máximos referentes suplicando la restitución de las guardias esenciales.