La crisis salarial de la Policía de Santa Cruz dio un drástico giro hacia las calles. Tras más de un mes de acampes, protestas y el fracaso rotundo de las negociaciones en el Consejo del Salario, una masiva e histórica movilización de la fuerza de seguridad provincial copó el centro de Río Gallegos para manifestar el enérgico rechazo de la familia policial al aumento otorgado "por imposición" por la administración de Claudio Vidal.

La marcha congregó a más de 2.000 personas, formando una columna que superó las tres cuadras de longitud. Lejos de la pasividad, la movilización se hizo sentir con fuerza en el centro de la capital provincial: al ritmo ensordecedor de los bombos, el sonar constante de los silbatos y cánticos de protesta dirigidos a las autoridades, los efectivos del servicio activo, penitenciarios, pasivos y familiares marcharon portando las luces de sus linternas encendidas. La columna avanzó de manera imponente hacia la Jefatura de Policía y las inmediaciones de la Residencia Oficial, donde concentraron para cantar el Himno Nacional Argentino y redoblar los reclamos.

La ruptura del diálogo y el decretazo
El detonante de la masiva marcha fue la decisión del Ministerio de Seguridad, encabezado por Pedro Prodromos, de dar por agotada la instancia paritaria tras ocho rees sin consenso. A través de la Resolución N.º 342/26, el Ejecutivo fijó de manera unilateral el nuevo esquema de haberes.

Según la postura oficial, el incremento representa el "máximo esfuerzo financiero" del Tesoro provincial. El nuevo cuadro eleva el sueldo de un agente ingresante a $1.746.634 para el mes de julio, con una proyección de $1.814.279 en la siguiente actualización. El Gobierno defiende que esta cifra posiciona a la policía santacruceña como la tercera mejor paga de la Argentina.

Sin embargo, para la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria (MUPP) y el Centro de Retirados, los números reales en los recibos de sueldo distan de cubrir el costo de vida en la Patagonia. Los representantes de la fuerza denuncian que la oferta gubernamental incluye montos no remunerativos ("en negro") que no impactan en el sector pasivo, desprotegiendo a los jubilados y pensionados de la institución. La MUPP sostiene la exigencia de fijar el valor punto en $2.452,18 y elevar el ítem por Riesgo Profesional.

Desesperación y medidas extremas
La tensión no solo se mide en las calles, sino también en las sedes gubernamentales. En las últimas horas, la protesta sumó un capítulo crítico con el encadenamiento de dos suboficiales —el sargento Morales y el agente Campos— a las rejas laterales de la Casa de Gobierno. Los uniformados declararon ante los medios locales que la situación económica es "insostenible", asegurando que muchos efectivos perciben haberes de bolsillo que apenas rondan los $700.000 y deben recurrir a trabajos informales para subsistir.

La respuesta de la cartera de Seguridad ante la persistencia de las medidas de fuerza fue un endurecimiento de la línea oficial. El ministro Prodromos ratificó que se procederá al descuento inmediato de los días no trabajados a quienes no presten servicio y adelantó que se iniciarán acciones legales por presunta insubordinación. Paralelamente, el Gobierno anunció la implementación de un plus económico especial para aquellos agentes que decidieron no plegarse al reclamo y continuaron prestando funciones de manera normal.

Con las posiciones rígidamente enfrentadas y una demostración de convocatoria que encendió las alarmas políticas, el conflicto policial en Santa Cruz ingresa en su fase más impredecible, desafiando la gobernabilidad y la paz social en la capital provincial.