Hay máximas que sostienen la estructura y la mística de cualquier fuerza de seguridad, principios que no se pueden borrar con una firma ni con un viaje negociador de conveniencia. El concepto es tajante: sin estado policial, no hay policía. El estado policial es el que otorga los deberes, los derechos, la verticalidad y, fundamentalmente, la dignidad al uniformado. Es lo que lo obliga a actuar, a proteger y a estar a derecho las 24 horas del día.

Cuando una gestión erosiona ese estatus a fuerza de salarios de miseria, persecuciones y falta de diálogo legítimo, lo que destruye no es solo el poder adquisitivo, sino la institución misma.

La figura del ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, vuelve a quedar bajo la lupa en este sentido. Quienes observan de cerca el conflicto señalan que, al esquivar el núcleo duro de Río Gallegos y refugiarse en Caleta Olivia para entablar diálogos parciales, el funcionario no solo demuestra debilidad política; demuestra también un profundo desprecio por la esencia de la fuerza que conduce.

No se puede exigir el cumplimiento estricto del deber y apelar al "estado policial" para disciplinar a las bases cuando desde el escritorio ministerial se vacía de contenido ese mismo concepto, dejando a los efectivos desamparados frente a la inflación y la crisis. Mientras en la capital provincial tres efectivos continúan esposados visibilizando un quiebre histórico, la estrategia oficial parece reducirse a quebrar voluntades por zonas geográficas, olvidando que la crisis de identidad y subsistencia de la policía de Santa Cruz ya no se soluciona jugando de local.