Si bien la Justicia de Familia resolvió otorgar perimetrales de resguardo, la familia de la víctima manifestó una gran preocupación por la falta de un sostén económico provisorio y por presuntos lazos previos entre la jueza penal de turno y el acusado.

Cédulas de notificación y visitas de Infancia
De acuerdo con la información brindada en exclusiva a TN, la madre de la menor fue notificada formalmente por el Juzgado de Familia de las primeras medidas cautelares dispuestas para preservar a las menores y a su progenitora.

Restricción de acercamiento: Se dictó una medida de prohibición de contacto e itinerario por el término de 3 meses que rige tanto para el progenitor como para su actual pareja respecto de las dos menores y la madre.

Cuidado personal y alimentos: La resolución judicial no fijó aún una cuota alimentaria ni estableció el cuidado personal provisorio, lo que deja a la madre en una situación de absoluta vulnerabilidad económica.

Prohibición de divulgar: La Justicia impuso una medida de restricción de comunicación (bozal) para el hombre y su pareja, mientras que la madre no fue alcanzada por dicha prohibición.

Constatación de las menores: Personal del área de Infancia de la Municipalidad se presentó en la vivienda familiar para relevar las condiciones y el estado general de salud de la pequeña Gianna y su hermana.

Incertidumbre en la causa penal y temor por la jueza de turno
La mayor preocupación de la familia radica en el curso de la investigación penal. Según relató la abuela en exclusiva, la policía derivó las actuaciones a la fiscalía y al juzgado de instrucción de turno. Sin embargo, sobre la magistrada a cargo pesa un antecedente que inquieta a la familia de la niña:

«En el ámbito penal la policía nos dijo que iba al juzgado de turno. La jueza de turno alguna vez fue abogada del progenitor en sede administrativa por cuestiones laborales, tras haber sido denunciado por un trato violento. Es una información que manejamos en el ámbito íntimo y nos preocupa mucho; ojalá se excuse, porque a mi hija no le da la situación para presentarse como querellante», señaló la abuela con suma angustia.

A la inquietud por la imparcialidad judicial se suma la figura penal por la cual podría ser imputado el acusado. De acuerdo con el análisis de los allegados, al no tratarse habitualmente de una calificación gravosa, el hecho podría no derivar en una condena efectiva ni en un castigo penal ejemplar.

«Todo mal, todo negro»: el temor a las represalias
A pesar del alivio parcial que representan los tres meses de medida de distancia, el entorno de la menor vive horas de extrema tensión e incertidumbre sobre el futuro judicial del caso:

«Por lo menos están resguardados por 3 meses. A mi hija le da mucho miedo exponerse públicamente y que eso le juegue en contra en las actuaciones judiciales, pero la realidad es que quisiéramos que todo se sepa. Sentimos que está todo muy difícil», concluyó la abuela en su mensaje a TN.