Sucedió en el hogar Juan Domingo Perón de Esquel. El fraude se hacía utilizando sus tarjetas de débito para extraer dinero.

Se formalizó la investigación por presuntas estafas y defraudación a abuelos del Hogar de Ancianos “Juan Domingo Perón” de Esquel. La investigación se inició a partir de distintas denuncias presentadas al Ministerio Público Fiscal por familiares de los presuntos damnificados.

Según el parte de prensa de Fiscalía, la hipótesis sindica a personal directivo y administrativo del Hogar de Ancianos, en relación a los delitos de defraudación y estafa. La apertura se realizó por dos de las imputadas, en tanto que en enero se realizaría por la tercera, que presentó certificado médico justificando su ausencia.

Cuatro legajos

Cuatro legajos fiscales se tramitan en una misma carpeta judicial. Cada legajo se originó en una denuncia, en tanto que el último de ellos fue iniciado de oficio a partir de los indicios surgidos de las primeras medidas de investigación.

El primer legajo señala a una empleada administrativa de la institución, quien habría defraudado a una anciana aprovechando su función. “Se apropió abusando de la confianza en ella depositada de la tarjeta de débito del Banco del Chubut a nombre de la abuela, para luego dirigirse al cajero automático en Trevelin, y extraer la suma de 1.000 pesos”, sin autorización de la titular y sin entregar nunca el dinero obtenido. Este hecho habría ocurrido el 14 de abril de 2014.

El segundo legajo investiga un hecho ocurrido entre marzo de 2012 y el mismo mes del corriente año. El funcionario Fidel González atribuyó el hecho que afectó a un anciano internado en el Hogar, con su salud muy deteriorada, a dos administrativas y a la directora del establecimiento.

Uso de la tarjeta

Según la denuncia, esta última habría exigido a la esposa del damnificado la tarjeta de débito otorgada por el Banco del Chubut para el cobro de la jubilación del interno, fundamentando el pedido en que el dinero se destinaría a cubrir los gastos de la internación, “a sabiendas que desde el Ministerio de la Familia y Promoción Social de la Provincia se abonan los gastos de todo el personal que asiste a los ancianos internados, como así también del funcionamiento operativo del Hogar como alimentos, vestimenta, higiene, etc. No quedando ningún tipo de erogación a cargo del los internos”, indica la imputación fiscal, con una salvedad: los gastos de farmacia.

Siguiendo la línea de lo denunciado, la Fiscalía sostiene que el damnificado era trasladado al Banco, con acompañamiento del personal administrativo imputado; se lo llevaba a la caja o al cajero a realizar extracciones de dinero por diferentes cantidades, luego se lo regresaba a la institución, dejándolo en su silla en la sala, sin dinero alguno, en tanto las imputadas se reunían a puertas cerradas sin poderse precisar por el momento, el destino dado al dinero. Por este hecho, se estima que el perjuicio económico causado rondó los 67.729 pesos.

Cifras muy abultadas

El tercer legajo investiga el perjuicio presuntamente ocasionado a otros diez ancianos, entre comienzos de 2007 y marzo de 2014.

Con una modalidad similar a la descripta en lo que refiere al hecho anterior, las imputadas, según la información que fue recabada hasta el momento, habrían causado un menoscabo de aproximadamente unos 713.638 pesos.

El último legajo incrimina únicamente a la coordinadora las casas tuteladas, por su accionar entre enero de 2007 y julio de 2013 en relación al cobro de las jubilaciones de los ancianos que ocupaban los monoambientes, la compra de medicamentos y la administración del dinero sobrante. En relación a este legajo se estima un perjuicio para cuatro damnificados de alrededor de 309.112 pesos.

Las imputadas fueron asistidas por dos abogadas de la Defensa Pública: Valeria Ponce y Paola Bagnato. Esta última cuestionó la descripción de la conducta achacada a su defendida, aunque aceptó los términos de la imputación por tratarse de la audiencia de apertura.

La investigación iniciada por el funcionario Fidel González cuenta con un plazo de seis meses para profundizarse y definir si hay o no elementos suficientes para llevar el caso a juicio. El juez de la carpeta es Martín O’Connor.

Sábado, 29 de noviembre de 2014