GALLEGOS – Lo que se escuchó este sábado al mediodía frente a la Casa de Gobierno no fue solo ruido de sirenas y bocinas; fue el último aviso de una fuerza de seguridad que se siente traicionada y al límite de sus capacidades. En el epicentro del reclamo, Ramón Quipildor dialogó con TN Río Gallegos (TNRG) y pintó un panorama desolador sobre la realidad interna de la Policía, el Servicio Penitenciario y los Retirados.
Entre los "aprietes" y la desigualdad
Quipildor fue contundente al señalar que el silencio de muchos efectivos no es falta de voluntad, sino miedo. "Los aprietes vienen de zona norte y sur, de Río Turbio. Los compañeros penitenciarios tienen un reglamento muy duro e inconstitucional: si los sancionan con un día de arresto, les descuentan plata del bolsillo. Al policía no, por eso hay compañeros que quedan quietos porque tienen que llevar un sueldo a su casa", explicó el referente.
El objetivo del grupo movilizado es claro: lograr una representación directa en el Consejo del Salario, por fuera de la actual Asociación Policial. "Queremos que se escuche nuestra voz para que vean la realidad y podamos pelear libres: penitenciarios, retirados y activos".
Denuncias contra la Asociación Policial: "¿Representan a las bases?"
La figura de Galeano, titular de la Asociación Policial, fue blanco de duras críticas. Quipildor desmintió que las consultas salariales lleguen a todos los efectivos. "Galeano dice a la prensa que pide opinión a las bases, pero lo habla con tres o cuatro y sale a decir que consultó con todos. Le preguntás a los socios y no saben nada", disparó.
Además, lanzó una acusación de connivencia política: "Galeano es manejado por Barrientos, por la misma Jefatura de Policía y por el mismo Ministro de Seguridad. Denuncia hechos que no ocurrieron; si hubo una situación elevada de tono fue por la misma impotencia de lo que está pasando".
Salud Mental: Un flagelo ignorado
Quizás el punto más doloroso de la entrevista fue el referido a la salud mental de los efectivos, un tema que Quipildor considera una emergencia silenciada por el poder central.
"Se están matando nuestros compañeros. El año pasado se tendría que haber hecho un plan de lucha para combatir este flagelo, pero la Jefatura no se ocupa. Hay informes de profesionales que hoy son perseguidos y corridos, profesionales que pidieron la baja para dar a conocer lo que pasa porque la Jefatura lo esconde", denunció con dureza.
El pedido directo al Gobernador
Pese al ensordecedor bocinazo, la respuesta oficial sigue siendo el vacío. Quipildor confirmó que, hasta el momento, no hubo diálogo con el Ministro de Seguridad, Javier Pródromos, ni con ningún integrante del poder político.
"Le dirigimos la nota al Gobernador Vidal como autoridad máxima para que él disponga quién va a hablar con nosotros. Queremos sentarnos en las paritarias y que se abra la mesa salarial ya", concluyó.
El "último bocinazo" marca el final de una etapa de advertencias. De no haber una convocatoria oficial en las próximas horas, las medidas de fuerza prometen endurecerse, dejando a la provincia en una situación de vulnerabilidad institucional inédita.