El inicio: La "cicatriz" y el cierre del pantalón
El historial de irregularidades quedó asentado por primera vez el 2 de octubre de 2024 (Acta N°315). En aquella ocasión, dos alumnos informaron que el estudiante Víctor R. se bajó el cierre del pantalón frente a una compañera para "mostrarle una supuesta cicatriz".

Pese a que el alumno admitió que era una "broma" y que no existía tal herida, las autoridades escolares, bajo la regencia de Silvia Velásquez, se limitaron a sugerirle que "no muestre partes del cuerpo" para evitar malas interpretaciones y a recomendar el arreglo del cierre de su pantalón por un supuesto desperfecto técnico.

Escalada de violencia: De la exhibición al contacto físico
La situación alcanzó su punto crítico el 22 de noviembre de 2024. Según la Exposición Policial N° 213, el padre de la víctima, Sebastián Diego Fernández, fue alertado por una nota de la profesora Rivero Leiza sobre una "conducta inapropiada".

Sin embargo, el relato de la menor fue mucho más grave: denunció que, durante la clase de Historia, el mismo alumno la presionó en una nalga y luego la tomó de los pechos a la vista de otros compañeros, bajo la amenaza de "pegarle con un fierro" si contaba algo.

"La regente Silvia Velásquez minimizó las cosas diciendo que habría sido en forma de chiste", declara el padre en el acta policial, señalando una falta total de protección hacia su hija.

Instituciones bajo la lupa
Las actas administrativas de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Diciembre 2024) añaden capas de complejidad al caso:

Falta de apoyo pedagógico: Se cuestionó por qué el alumno denunciado, quien posee un retraso madurativo, no contaba con su acompañante pedagógico dentro del aula en el momento de los hechos.

Impacto psicológico: La menor comenzó a sufrir ataques de pánico y un descenso en su rendimiento escolar, requiriendo asistencia terapéutica inmediata.

Antecedentes: Se menciona que otros alumnos ya habían denunciado comportamientos similares del mismo estudiante en el pasado.

El desenlace: Destierro y renuncia
Ante la falta de medidas de protección efectivas y la convivencia diaria en el mismo establecimiento (donde el padre de la víctima también trabajaba como auxiliar), la familia tomó medidas drásticas.

El 9 de junio de 2025, Fernández solicitó formalmente el traslado urgente a la ciudad de Gobernador Gregores, alegando la necesidad de "resguardo físico y psicológico" para su hija. Finalmente, el 2 de septiembre de 2025, el progenitor presentó su renuncia definitiva a la administración pública provincial para acogerse al retiro voluntario, cerrando un capítulo de impunidad y dolor que la justicia aún debe esclarecer.