Así se manifestó el fiscal Gabriel Giordano, en relación a la decisión del Gobierno Nacional de designar por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como nuevos jueces "en comisión" de la Corte Suprema de Justicia, medida que luego fue declarada inconstitucional por el juez federal Alejo Ramos Padilla.

A través del decreto 83/2015 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo señaló que "es absolutamente necesario que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentre en condiciones plenas de funcionamiento a la mayor brevedad posible, por lo que resulta procedente la designación de dos juristas para integrar el Alto Tribunal". Se trata de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Pero esta medida fue declarada inconstitucional por el juez Federal Alejo Ramos Padilla.
Respecto a este tema Gabriel Giordano –Fiscal- dio su opinión respecto al nombramiento de jueces por decreto a nivel nacional y, manifestó en TNRíoGallegos: “Hoy escuche a prensa cuando hacían referencia a la circunstancia de este hecho, leyendo parte de lo resuelto por el juez que declaró la inconstitucionalidad y, me remito simplemente a un concepto técnico ya que consideró que el fin no puede justificar los medios bajo ningún punto de vista y en ese sentido la mayoría de los jurisconsulto, incluso miembros que pueden hablar libremente porque ya no integran la Corte, pero fueron Ministros de Corte y, creo que no hay personas más calificadas como ellas para dar una opinión como lo fue el Juez Zaffaroni quien ha tachado esto de un proceso de inconstitucionalidad”.
En este contexto, señaló: “Cuando no respetamos los principios constitucionales violamos la división de poderes y evidentemente afectamos el principio de democracia y, me parece que los hombres de derecho, independientemente de la ideología, ninguno puede trapazar la barrera de la constitucionalidad, es decir el respeto de esas normas básicas que hacen la sustentabilidad de un Estado por lo tanto, considero que no hay un cuestionamiento a las personas designadas si no a la metodología. Hay que preservar las instituciones, como debe preservarse toda institución, la inmovilidad que está prevista en la Constitución como es también el cargo de procurador de la Nación. Si nosotros permitimos estas cuestiones se borra la barrera de los respetos de las normas que hacen al Estado de derecho y en ese sentido se cree que tiene que pasar por el tamiz de la decisión del organismo del Estado, nada más ni nada menos”, finalizó.

Martes, 22 de diciembre de 2015