Silencio sepulcral mantuvieron ayer, tanto en la PDI como durante la audiencia de control de detención en el Centro de Justicia, los dueños del club nocturno Tentación, quienes fueron detenidos la madrugada del miércoles por la policía civil como resultado de un requerimiento internacional emanado desde los tribunales argentinos, acogido por la Corte Suprema de Chile.
La justicia del vecino país requiere la comparecencia de ambos comerciantes por una supuesta participación en una red de trata de personas.
Detectives de Interpol viajaron desde Santiago a Punta Arenas para encabezar la diligencia de captura, que dejó a ambas personas en prisión, a la espera de ser extraditadas a la provincia de Mendoza.
El procedimiento policial se puso en marcha alrededor de la 0,30 horas del miércoles en Avenida Colón Nº154, domicilio de la ciudadana argentina, radicada en Chile, Gladys Rosana Benites, de 48 años, y su esposo, el natalino Jorge Latorre Barrientos, de 53.
La PDI llegó hasta dicha propiedad exhibiendo el decreto de detención, con fines de extradición, firmado el pasado 4 de noviembre por el ministro de la Corte Suprema, Juan Fuentes Belmar.
Tras la detención de la pareja, ambos fueron trasladados durante la mañana de ayer al Centro de Justicia, donde el juez Juan Santiago Villa los puso en antecedentes de los alcances de la orden de captura.
Asimismo, el juez ordenó el ingreso a la cárcel de Gladys Rosana Benites y su esposo Jorge Latorre Barrientos, en calidad de detenidos, a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema respecto de su traslado a la capital, para hacer efectivo el proceso de extradición.
Poco y nada había que hacer ante el mandato judicial, sin embargo, el abogado defensor contratado por los detenidos, Francisco Cárdenas Mansilla, subrayó la necesidad de que sus representados fueran intimados lo antes posible respecto de los cargos por los cuales se les requería en el vecino país, cuestión que hasta ese minuto nadie conocía en detalle, no más allá de que eran requeridos por una investigación por trata de personas.
Al respecto, el magistrado indicó que la notificación del detalle se le daría a conocer a la brevedad a los detenidos, para lo cual se estaban realizando las gestiones respectivas, ordenando su ingreso al penal de Punta Arenas, por plazo indefinido.

Investigación argentina
En el Juzgado Federal Nº1 de Mendoza se radica la causa penal seguida contra los comerciantes locales, implicados en una presunta red de trata de “blancas” que operaría en Punta Arenas, como informó el Poder Judicial transandino al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país en un oficio remitido el 3 de octubre pasado.
Dicho texto consigna que “se explotaría sexualmente a mujeres de diversas nacionalidades, muchas de ellas argentinas (…) los imputados (Benites y Latorre), a través de personas interpuestas captarían a las presuntas víctimas con ofertas laborales engañosas, ofreciéndoles el traslado hasta dicha localidad, como también vivienda y comida”.
Los hechos que habrían originado la causa, tienen relación con lo ocurrido la mañana del 1 de octubre de 2014, en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo de Mendoza, cuando personal de una aerolínea comunicó a las autoridades que tres personas intentaban abordar un vuelo, mientras otro individuo les entregaba documentos, tickets y un papel con el destino al que debían dirigirse.
Dos de los pasajeros eran las jóvenes F.M.B. y R.A.B., quienes habrían sido captadas con ofertas laborales engañosas, sin saber que, de llegar a Punta Arenas, tendrían que ejercer la prostitución. Sin embargo, al ser consultadas por el pasaje que pretendían utilizar, ellas habrían mentido, señalando que su madre se los habría comprado, cuestión que fue desvirtuada por la mujer, quien desconocía hasta ese momento que ellas pretendían abandonar el país, cuestión que finalmente se vio frustrada.
Así nació el proceso judicial, que en dicha oportunidad permitió la detención de tres personas, dos mujeres y un varón, todos argentinos, quienes habrían dado las luces para que se configurara el delito, vinculando a Gladys Benites y Jorge Latorre Barrientos en el delito, siendo sindicados como los financistas y los supuestos gestores del traslado de las víctimas.
Cabe señalar que en esta causa, en junio pasado, fueron condenadas las tres personas detenidas: Marta Verónica Carrera, Silvana Andrea Carrera y Hugo Guillermo Franco, sentenciados a cumplir una pena de 6 años de prisión como autores de trata de personas, en calidad de coautores, apuntando sus dardos ahora la justicia transandina contra los propietarios del cabaret Tentación.
Una vez que se haga efectivo el proceso de extradición, a solicitud del juzgado mendocino, los detenidos deberán ser trasladados a la Unidad 32 del Servicio Penitenciario Federal, donde deberán quedar alojados en calidad de detenidos incomunicados a la espera del proceso judicial en su contra. (Fuente: La Prensa Austral)