La Municipalidad de Puerto San Julián puso en vigencia un decreto por el cual rechaza de plano el otorgamiento o renovación de patentes para el expendio de bebidas alcohólicas a locales nocturnos que de manera encubierta hayan utilizado sus instalaciones para incurrir en el delito de trata de personas y fomentar la prostitución.

La normativa fue firmada el 20 de diciembre por el intendente Antonio Tomaso y procura estar en consonancia con la Ley N° 3352 que en su artículo cuarto insta al gobierno santacruceño, municipios y comisiones de fomento a adoptar las medidas necesarias en la lucha contra todas las formas de facilitación de explotación de personas.
Durante 2016 San Julián fue escenario de dos mega operativos realizados en locales nocturnos por efectivos de la Policía Federal quienes rescataron a numerosas mujeres en esos ámbitos y procedieron a detener a encargadas y propietarios.
El más resonante ocurrió a mediados de julio con intervención del Juzgado Federal de Caleta Olivia, cuando fueron detenidas ocho personas que sucesivamente fueron recuperando su libertad y dieciocho víctimas de trata debieron ser asistidas por personal de la Subsecretaría de la Mujer, muchas de las cuales eran oriundas del extranjero.
También quedó en evidencia que el negocio lucrativo se había incrementado en los últimos debido a la influencia que tiene en esa localidad la industria minera.
Además el propio intendente Tomaso y el diputado por pueblo Daniel Gardonio fueron denunciados ante la justicia por la ONG La Alameda que los acusó de encubrir delitos de trata por no actuar ante la situación imperante que ya era vox pópuli.

UN FRENO
El decreto de la comuna no establece de manera terminante la prohibición de existencia de locales nocturnos, pero en cierta manera procura restringirlos, sobre todo a aquellos donde se hayan constatado delitos de trata.
En el capítulo de las consideraciones recuerda que en los procedimientos llevados a cabo de manera conjunta por el Juzgado Federal de Caleta Olivia y la Policía Federal (9 de julio de 2016), a la Dirección de Comercio de la comuna la correspondió clausurar varios locales.
Por otra parte destaca que resulta evidente que los comercios habilitados en un inicio como cabarets "solo modificaron su denominación al solo efecto de obtener la habilitación municipal pertinente, pero continuaron lucrando con la actividad de la explotación sexual y/o prostitución ajena".
En consecuencia, se añade: "este Departamento Ejecutivo ya ha adoptado medidas tendientes a evitar la instalación de comercios donde se pueda de manera encubierta contravenir la legislación vigente en la materia". (El patagónico)

Miércoles, 4 de enero de 2017