El reciente anuncio del gerente de Relaciones Institucionales de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), Francisco Roldán, dando cuenta del despido de un grupo de 79 trabajadores que viajaron a Buenos Aires para reclamar el cese de la intervención de la empresa y la normalización del directorio con participación obrera, muestra la peor cara de este Gobierno que decide todo desde Buenos Aires: el ajuste lo van a pagar los trabajadores y en Santa Cruz también.

Lo cierto es que estos despidos se suman a los más de 200 llevados a cabo en lo que va de la gestión del interventor Omar Zeidan y a los despidos encubiertos bajo la forma de retiros voluntarios: esta última, una modalidad que ya vivimos en nuestro país y cuyos resultados se pueden ver en algunos pueblos que aún son “fantasma”.

Durante octubre se supo que se venían recortes en el Yacimiento: el presupuesto que aprobó el Congreso aplicó un recorte del 74 por ciento sobre los recursos destinados a YCRT como surge de comparar lo previsto para 2017 (398 millones de pesos) con los aprobados en 2016 (1.530 millones de pesos). Todo indica que, entonces, el ajuste arrancará por los trabajadores y, de seguir de esta manera, el Yaciemiento avanzará hacia el cierre más alla de lo que dicen los funcionarios en Buenos Aires.

Desde siempre se supo que en nuestro país gran parte de las decisiones se toman en Buenos Aires. Puntualmente, un fuerte rumor circula entre los trabajadores de YCRT y también entre los periodistas que seguimos los sucesos de la Patagonia: Aranguren le habría pedido a la Intervención la baja de 1000 empleados de la empresa. Además, según se supo, se contrató trabajadores bajo la modalidad de prestación de servicios como monotributista, un capítulo más de precarización laboral.

Concretamente, y desde Villa Langostura, lugar donde el presidente Macri descansa en su vacaciones, se está decidiendo el futuro de una gran cantidad de trabajadores de empresas del Estado en todo el país. Según pudo saber este portal, el gobierno de Mauricio Macri buscará reducir el gasto corriente en las empresas estatales. Para la primera etapa fueron seleccionadas Aysa, Aerolíneas, Fadea, el Belgrano Cargas, la Casa de la Moneda, Ar-Sat, Télam, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Fabricaciones Militares.

Además, y dentro de esta lógica de ahorro y ajuste, ya se hizo cargo del ministerio de Economía, Nicolás Dujovne, periodista de TN y economista ultra ortodoxo, quien confirmó que el Gobierno trabaja para reducir “impuestos al trabajo” para fomentar el empleo: un eufemismo para hablar de flexibilización laboral. En Buenos Aires ya se habla de un 2017 que llegará con despidos y penurias al por mayor, y hay quienes auguran un año muy duro para los sectores más desprotegidos de la problación con aumentos en los servicios y las tarifas.

Santa Cruz y concretamente en Río Turbio esta lógica flexibilizadora y de ajuste llegó con todas sus fuerzas. “Estamos totalmente en contra de cualquier despido”, dijo Cristian Oliva, secretario de la Comisión Normalizadora de ATE Río Turbio. Y agregó: “La preocupación que tenemos es que estos despidos tengan que ver con el achicamiento de las empresas del Estado. Estamos viendo despidos a nivel Nacional. Esta situación es completamente ilógica, porque cuando estuvimos en Buenos Aires reunidos con la intervención nos confirmaron que no iba a haber achique. Esto es preocupante”.

Desde que asumió el Gobierno de Macri los funcionarios se encargan de decir en público lo que en privado olvidan. “Logramos los compromisos necesarios para que podamos terminar la Mega Usina con sus dos módulos, y que los mismos funcionen quemando carbón para generar energía. Esto le da un horizonte muy grande y seguro para todos nuestros trabajadores y para todo nuestro pueblo, que vive y crece con nuestra mina”, dijo Omar Zeidán en agosto del año pasado luego de reunirse con el presidente Macri. Comenzado 2017 parece que el ajuste también llegará a Río Turbio.

El Gobierno nacional ha logrado lo que muchos habíamos olvidado en los últimos años: ese miedo palpable a perder la fuente de trabajo. En Buenos Aires, trabajadores del Ministerio de Educación y de gremios docentes se concentraron ayer al mediodía frente al Palacio Sarmiento, en Pizzurno 935, para repudiar los 400 despidos y las agresiones que sufrieron los delegados de ATE por parte del cordón policial que custodiaba el edificio y quería impedir el ingreso de los trabajadores. También reclama por los 2.600 tutores virtuales del postítulo de formación docente gratuito Nuestra Escuela, a quienes no les renovarán los contratos hasta febrero luego de revisar quiénes continúan en sus cargos. En total podrían ser hasta 3.000 los despidos en la cartera que conduce Esteban Bullrich, que sigue de vacaciones.

“No nos vamos a ir hasta que alguien del Ministerio nos llame. Hasta ahora nadie se comunicó con nosotros pero sí dieron información a la prensa”, dijo Lucas Eidelman, trabajador del Ministerio y delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Parece que la lógica se repite: discursos públicos donde se niega el ajuste. Mientras tanto, telegramas de despido que llegan a las casas de los trabajadores de todo el país y en Santa Cruz no se da una excepción. Mientras, el Yacimiento sigue parado y los telegramas de despido comenzaron a llegar. El dinero es uno solo y por lo que se puede leer claramante en el presupuesto votado en el Congreso el ajuste será voraz. Y como siempre, los trabajadores son los primeros en pagar. (Patagonia nexo)

Miércoles, 4 de enero de 2017