Como representante del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la Provincia de Santa Cruz, se adhiere al comunicado: “Menos derechos para la infancia, mas violencia institucional para la sociedad”, del Observatorio de Derechos de Infancia y Adolescencia “Eduardo Bustelo”, y sostiene su compromiso a multiplicar y garantizar derechos, en lugar de privarlos o cercenarlos.

Desde la Provincia de Santa Cruz, como organismo de aplicación de las políticas públicas destinadas a los jóvenes infractores a la ley, y en relación al resurgimiento del debate centrado en la disminución de edad de los jóvenes para ser considerados penalmente responsables, sostenemos que es preciso centrar la discusión en la sanción de una ley penal juvenil respetuosa de los derechos humanos y en particular, de los Tratados Internacionales entre los que se encuentra la Convención de los Derechos del Niño incorporada a la Constitución Nacional.

Como representante del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la Provincia de Santa Cruz suscribió el ACTA DECLARACIÓN - CONTENIDOS MINIMOS DE UNA NUEVA LEY PENAL JUVENIL el 17 de julio de 2015, donde se sostiene que: “Teniendo en cuenta dichos avances y el grado de desarrollo que han experimentado el Sistema Integral de Protección de Derechos en general y el Sistema Penal Juvenil en particular los Consejeros declaran que una nueva ley debería establecer, como mínimo, las siguientes normas:

1.- La edad de punibilidad no podrá establecerse por debajo de los 16 años, en respeto al principio de no regresividad y de progresividad en la garantía de los derechos. Sin perjuicio de las medidas especiales que en protección de los derechos del niño puedan adoptarse”(…)

Observamos con preocupación que las políticas públicas del estado nacional han evidenciado una retracción de las políticas sociales de inclusión, de ingresos e inversiones sociales, de empleo, salud, de educación, de justicia, que se materializan en un retroceso en la calidad de vida de las familias. No estamos de acuerdo que la respuesta del Estado a situaciones de vulnerabilidad sea el control o la penalización de las familias, sus niños y jóvenes.

Centrar el debate en la edad de punibilidad es correr el eje del debate que corresponde a una norma nacional de este tipo, y es, a nuestro parecer, el de generar garantías de derechos constitucionales, administrativos y legales para los jóvenes presuntos infractores a la ley.

Adherimos al Comunicado “Menos derechos para la infancia, mas violencia institucional para la sociedad” del Observatorio de Derechos de Infancia y Adolescencia “Eduardo Bustelo”, y sostenemos nuestro compromiso a multiplicar y garantizar derechos, en lugar de privarlos o cercenarlos.

Sábado, 7 de enero de 2017