Dudas sobre el "Triunfo" de Vidal y el beneficio empresarial
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, firmó en Buenos Aires un convenio con autoridades nacionales para disminuir las retenciones a la exportación de petróleo convencional, una medida que el mandatario calificó de "clave" para sostener la Cuenca del Golfo San Jorge. Sin embargo, este "logro" generó un fuerte rechazo entre voces críticas de la provincia.

La principal objeción gira en torno a que la reducción de impuestos a la exportación —que en principio beneficiaría a los yacimientos maduros— se traduce directamente en un aumento de la rentabilidad de las empresas operadoras, sin un mecanismo de control lo suficientemente estricto que garantice que ese ahorro se reinvierta en la provincia.

El riesgo del "ahorro" y el empleo
A pesar de que el propio Vidal advirtió que "Si las empresas no invierten y se guardan el ahorro, no sirve. Lo hacemos para sostener la producción, no para beneficiar la especulación. Esto tiene que transformarse en trabajo real”, la oposición y referentes sindicales señalaron la debilidad de este planteo:

Falta de mecanismos legales rígidos: Critican que el convenio no establece sanciones concretas o cláusulas de reversión del beneficio en caso de que las empresas no cumplan con un plan de inversiones detallado y auditable.

"Vaciamiento productivo": Se teme que, una vez mejorada la competitividad por la quita de retenciones, las operadoras prioricen la extracción rápida de los recursos restantes en los yacimientos maduros, sin realizar inversiones profundas a largo plazo, lo que podría llevar a un futuro "vaciamiento" de las reservas y, eventualmente, a despidos.

"El gobernador está priorizando una firma con Nación que solo llena los bolsillos de las petroleras. ¿Dónde está la garantía de trabajo real? Sin un marco legal que obligue la reinversión, esto es un cheque en blanco a la especulación", expresó una fuente de un gremio petrolero.

Críticas a la "Gestión Firme": ¿Negociación o sumisión?
Vidal destacó que el acuerdo "no fue automático, sino el resultado de gestiones firmes y sostenidas", en un intento por diferenciarse de gestiones anteriores.

No obstante, las voces opositoras cuestionaron la participación en la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, figuras centrales del ajuste nacional, sugiriendo que el acuerdo podría ser una concesión a las políticas de Nación más que una victoria provincial.

"Santa Cruz está entregando soberanía sobre sus recursos a cambio de una promesa de las empresas. Una gestión firme no es la que acepta sin tener asegurados los puestos de trabajo y la inversión a futuro. El Gobierno Provincial debe explicar qué dio a cambio y por qué la única garantía es una reunión técnica futura", señalaron desde un bloque legislativo minoritario.

La polémica se intensificará en los próximos días, cuando el Gobierno Provincial inicie las rees técnicas con las operadoras. Los críticos esperan que de esos encuentros surjan compromisos concretos y auditables que pongan el empleo y la inversión provincial por encima del beneficio corporativo.