El Gobierno Provincial se enfrenta a la obligación de gestionar el Presupuesto 2026 en un contexto de contracción económica y presiones inflacionarias. Sin embargo, el déficit proyectado del 11,7% es la prueba irrefutable de que la gestión no ha aplicado el bisturí necesario para sanear las cuentas y terminar con las inercias que consumen recursos.

La justificación de la "sostenibilidad fiscal" como prioridad esconde una realidad más dura: la ineficiencia operativa de la administración se traduce en un costo político y social altísimo, que se manifiesta en varias áreas críticas:

Parálisis de servicios esenciales: La incapacidad de la gestión para llegar a un acuerdo salarial creíble mantiene a sectores fundamentales como Salud y Educación en estado de alerta constante, con paros recurrentes (como el de 48 horas de Salud) y la amenaza constante de interrupción de servicios básicos. Esta incapacidad de diálogo y resolución incrementa el costo operativo y la deuda con la ciudadanía.

En cuanto a gasto político inalterado, la credibilidad de una administración que pide austeridad se erosiona rápidamente si no aplica una reducción drástica y visible en sus propias estructuras. La falta de una racionalización en el gasto político y el mantenimiento de estructuras burocráticas sobredimensionadas son señales claras de inacción administrativa.

Pero, además, una administración eficiente debe generar inversión y diversificación económica. Si el Presupuesto se limita a garantizar el gasto corriente sin un plan ambicioso de inversión en infraestructura o promoción de la actividad privada, se está hipotecando la posibilidad de generar ingresos propios, manteniendo a la provincia a merced de la coparticipación federal.

El Presupuesto 2026 es un documento que no solo refleja el futuro financiero de Santa Cruz, sino que evidencia la necesidad urgente de un golpe de timón en la gestión. La "mala administración actual" no puede permitirse el lujo de la inacción, ya que cada día de demora en las reformas estructurales se traduce en más conflictividad, menor calidad de vida y un ciclo de crisis que no parece tener fin.