La poltica santacrucea asiste a un nuevo captulo de su eterna disputa de poderes. El gobernador Claudio Vidal ha calificado de "acto de burla" el reciente incremento salarial en el Poder Judicial, centrando sus dardos en los vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Sin embargo, el ataque meditico oculta dos realidades que el relato oficial evita mencionar: que el aumento es un derecho legal de toda la familia judicial no solo de la cpula y que el propio Vidal aprob el pago de sueldos para los nuevos vocales "militantes" que hoy engrosan la estructura del mximo tribunal.
La Ley 10.068: El motor de los aumentos
Lo que el Ejecutivo presenta como un "autoaumento" arbitrario es, en realidad, la aplicacin de la Ley de Enganche (Ley 10.068). Promulgada en 2011, esta norma establece que los salarios del Poder Judicial de Santa Cruz se actualizan automticamente en sintona con las subas que otorga la Corte Suprema de Justicia de la Nacin.
Este mecanismo no distingue jerarquas: cuando la Corte Nacional otorga un incremento, este impacta en cascada sobre, los Vocales del TSJ,
Jueces de Cmara e Instruccin, Fiscales y Defensores Oficiales, Secretarios y Prosecretarios (Funcionarios) y personal administrativo y maestranza.
Atacar el aumento como si fuera una decisin exclusiva de los vocales Rene Fernndez, Paula Luduea, Alicia Mercau y Fernando Basanta es, cuanto menos, una verdad a medias. Se trata de una estructura salarial tcnica que garantiza que un juez provincial no cobre menos que un par federal, protegiendo la independencia del sector frente a las presiones del Ejecutivo.
La vara de Vidal: Austeridad o control?
El punto de mayor friccin surge al contrastar el discurso con los hechos. Mientras Vidal y su ministra Soledad Boggio hablan de salarios "fuera de la realidad", la Legislatura con mayora oficialista blind en el Presupuesto 2026 el pago del 50% del haber de un vocal para los nuevos integrantes del TSJ designados por la actual gestin: Sergio Acevedo, Jos Antonio Gonzlez Nora, Juan Lucio De la Vega y Gabriel Contreras.
Aqu reside la gran contradiccin:
Hacia afuera: El gobernador denuncia que los sueldos de 24 millones de pesos son una "falta de respeto" a la sociedad.
Hacia adentro: Su propio presupuesto autoriza partidas millonarias para pagarle a los vocales que l mismo impuls para ampliar el tribunal y desplazar a la "Justicia K".
Para el Ejecutivo, el salario parece ser "inmoral" solo cuando lo cobran los jueces que no le responden, pero es una herramienta de gestin necesaria cuando se trata de sostener a sus propios alfiles judiciales.
Un dato que no es menor, es el esquema de aumentos para 2026 prev un 4% mensual hasta julio y un 3% hasta octubre. Este escalonamiento, que Vidal tild de escandaloso, es el mismo que percibirn los vocales que juraron bajo su mando.
Una cortina de humo meditica
El uso de funcionarios como Pablo Prez (Caja de Previsin) para alertar sobre el desfinanciamiento del sistema previsional parece ser la pieza final de una estrategia de distraccin. Al sealar al Poder Judicial como el culpable de las penurias econmicas de los jubilados, el Gobierno evita explicar por qu, en un contexto de supuesta crisis, se decidi ampliar la cpula judicial de 5 a 9 miembros, generando un gasto estructural que la provincia antes no tena.
La "productividad" que reclama la ministra Boggio debera empezar por casa: explicar cmo se justifica financiar una "corte paralela" con sueldos de privilegio mientras se utiliza la indignacin popular para erosionar la independencia de un poder que, por ley, no debera estar atado al humor del gobernador de turno.
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