El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia de Santa Cruz emitió este 15 de enero la Resolución N.º 53, mediante la cual ordena efectivizar el pago de la recomposición salarial prevista para el año 2026. El documento busca dar cierre a una controversia interna generada por la presentación del Vocal Dr. Daniel Mauricio Mariani, quien el día anterior había ordenado al Sector de Administración abstenerse de liquidar dichos incrementos.

La postura del rechazo
El Dr. Mariani basó su negativa en la vigencia de la Ley 3949 (que dispuso la ampliación del Tribunal) y una sentencia judicial que declaró su inconstitucionalidad, afectando potencialmente la validez de los actos dictados en consecuencia. Según su exposición, no correspondía convalidar lo resuelto previamente por el cuerpo el 30 de diciembre de 2025.

Ratificación de la pauta salarial
Sin embargo, la mayoría del Tribunal —con las firmas de la Presidenta, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, y las Vocales Paula Ludueña Campos y Alicia de los Ángeles Mercau— desestimó el planteo de Mariani. Los fundamentos principales de la ratificación son:

Cumplimiento de Paritarias: La decisión busca dar cumplimiento a la pauta salarial convenida en la Negociación Paritaria de 2009 (Acta N.º 31/09) con los empleados judiciales.

Referencia Nacional: Los aumentos toman como base los porcentajes dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Independencia Judicial: El TSJ argumentó que asegurar la "intangibilidad de las remuneraciones" es una garantía constitucional necesaria para preservar la independencia del Poder Judicial.

Precedentes Convalidados: El tribunal señaló que las pautas ya habían sido suscriptas y convalidadas —incluso por el propio Dr. Mariani— en resoluciones previas de marzo y septiembre de 2025.

Orden de pago inmediata
La resolución resuelve finalmente efectivizar, a través de la Dirección General de Administración, la liquidación y el pago de la recomposición salarial dispuesta a fines de 2025. Con esta medida, el máximo órgano judicial de la provincia busca garantizar la paz social dentro del sector y la división de poderes, pilar fundamental del sistema republicano.