La relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo provincial entró en una fase de máxima tensión. A través de un documento ingresado por Mesa de Entradas el pasado 6 de febrero de 2026 , la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Santa Cruz expresó su firme rechazo a las recientes medidas económicas que recortan los fondos destinados a los salarios del sector.

El eje del conflicto: La Resolución 30/26
El detonante del reclamo es la Resolución N.º 30/26 del Ministerio de Economía provincial. Según denuncia la entidad que preside la Dra. María Alejandra Vila , esta norma limita el pago de haberes a las pautas salariales aprobadas hasta el 31 de agosto de 2025, dejando sin efecto las actualizaciones posteriores.

Para la Asociación, este recorte no es solo una cuestión de dinero, sino un golpe institucional:

Avasallamiento: Califican la medida como una interferencia en la autonomía judicial.

Ilegalidad: Aseguran que los aumentos coartados ya forman parte del Presupuesto 2026, el cual fue debidamente aprobado por el Poder Legislativo.

Inconstitucionalidad: Advierten que la decisión contradice la Constitución Nacional, la Provincial y Tratados Internacionales.

"Derechos Adquiridos"
La nota, firmada también por la Secretaria de la Comisión Directiva, Dra. Gabriela Barrientos , subraya que el proceso de actualización de haberes ha seguido todos los carriles reglamentarios fijados por ley. Al frenar estos pagos, el Gobierno estaría transgrediendo derechos ya adquiridos por magistrados y funcionarios.

"Cualquier decisión o medida efectiva que interfiera en el efectivo ejercicio de dicha autonomía, resulta contrario a la Constitución", sentencia el documento en uno de sus párrafos más duros.

Pedido de "Urgente Remisión de Fondos"
Hacia el final del texto, la magistratura solicita al gobernador Claudio Vidal la revisión inmediata de las decisiones que afectan sus salarios. Exigen la "urgente remisión de los fondos adeudados" para garantizar el cumplimiento de las pautas acordadas, apelando al respeto institucional y al diálogo entre poderes.

Con este planteo formal, la Justicia santacruceña pone un ultimátum administrativo al Ejecutivo, en un escenario donde la independencia judicial queda en el centro del debate político y presupuestario de la provincia.