La relacin entre el Poder Judicial y el Ejecutivo provincial entr en una fase de mxima tensin. A travs de un documento ingresado por Mesa de Entradas el pasado 6 de febrero de 2026 , la Asociacin de la Magistratura y la Funcin Judicial de Santa Cruz expres su firme rechazo a las recientes medidas econmicas que recortan los fondos destinados a los salarios del sector.
El eje del conflicto: La Resolucin 30/26
El detonante del reclamo es la Resolucin N. 30/26 del Ministerio de Economa provincial. Segn denuncia la entidad que preside la Dra. Mara Alejandra Vila , esta norma limita el pago de haberes a las pautas salariales aprobadas hasta el 31 de agosto de 2025, dejando sin efecto las actualizaciones posteriores.
Para la Asociacin, este recorte no es solo una cuestin de dinero, sino un golpe institucional:
Avasallamiento: Califican la medida como una interferencia en la autonoma judicial.
Ilegalidad: Aseguran que los aumentos coartados ya forman parte del Presupuesto 2026, el cual fue debidamente aprobado por el Poder Legislativo.
Inconstitucionalidad: Advierten que la decisin contradice la Constitucin Nacional, la Provincial y Tratados Internacionales.
"Derechos Adquiridos"
La nota, firmada tambin por la Secretaria de la Comisin Directiva, Dra. Gabriela Barrientos , subraya que el proceso de actualizacin de haberes ha seguido todos los carriles reglamentarios fijados por ley. Al frenar estos pagos, el Gobierno estara transgrediendo derechos ya adquiridos por magistrados y funcionarios.
"Cualquier decisin o medida efectiva que interfiera en el efectivo ejercicio de dicha autonoma, resulta contrario a la Constitucin", sentencia el documento en uno de sus prrafos ms duros.
Pedido de "Urgente Remisin de Fondos"
Hacia el final del texto, la magistratura solicita al gobernador Claudio Vidal la revisin inmediata de las decisiones que afectan sus salarios. Exigen la "urgente remisin de los fondos adeudados" para garantizar el cumplimiento de las pautas acordadas, apelando al respeto institucional y al dilogo entre poderes.
Con este planteo formal, la Justicia santacrucea pone un ultimtum administrativo al Ejecutivo, en un escenario donde la independencia judicial queda en el centro del debate poltico y presupuestario de la provincia.
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