La decisión marca el cierre de un largo período de parálisis legislativa y tensiones cruzadas por las graves denuncias que pesan sobre el exintendente de 28 de Noviembre.

El detonante: ¿Cómo se desencadenó la caída?
El camino hacia la renuncia no fue producto de un acuerdo fortuito, sino el resultado de un desgaste institucional que se volvió insostenible para el gobierno de Claudio Vidal. Estos fueron los hitos que forzaron el desenlace:

El pedido judicial (Febrero 2025): Todo comenzó hace un año, cuando la Cámara Criminal de Río Gallegos solicitó formalmente el desafuero de Españón. Se lo investiga por abuso sexual simple (en tres hechos bajo modalidad coactiva) y abuso de autoridad, presuntamente cometidos durante su gestión como intendente.

El bloqueo parlamentario: Durante meses, el bloque de SER protegió al legislador. Las sesiones convocadas para tratar su desafuero fracasaron sistemáticamente por falta de quórum (el oficialismo se levantaba de sus bancas), lo que generó un fuerte repudio de la oposición (Unión por la Patria) y de organizaciones sociales.

La presión política interna: El costo político de "sostener" a un diputado procesado por abuso sexual empezó a erosionar la imagen del espacio oficialista. Con la Justicia "respirándole en la nuca" y pedidos de desafuero acumulándose (incluyendo causas de Río Turbio), la permanencia de Españón se convirtió en un lastre para la agenda legislativa.

La renuncia como "salida elegante": Ante la imposibilidad de seguir frenando el proceso judicial sin paralizar la Cámara, el bloque SER comunicó hoy que la renuncia es un "paso firme en la construcción de una nueva etapa". Al dimitir, Españón pierde automáticamente la inmunidad parlamentaria, permitiendo que la Justicia avance hacia el juicio oral sin necesidad de una votación de desafuero.

Lo que viene
Con la banca vacía, la Legislatura deberá definir quién sucederá al dirigente de 28 de Noviembre. Mientras tanto, Españón deberá presentarse ante los tribunales como un ciudadano común, enfrentando acusaciones que, según el Código Procesal Penal de Santa Cruz, no podían avanzar mientras ostentara sus fueros.

"La política debe estar al servicio de los santacruceños y no ser un refugio", señalaron desde el bloque oficialista, buscando despegarse de la figura del ahora exlegislador.