La seguridad habitacional en Ro Gallegos vuelve a estar en el centro de la polmica tras la grave denuncia de Cristina Rivera, quien apunta directamente a la conduccin del gremio APAP. La damnificada sostiene que la organizacin sindical facilit la ocupacin de su terreno, ubicado en la Manzana 33, Lote 6, desconociendo la titularidad legtima y una historia de aportes que se remonta a ms de tres dcadas.
Tres dcadas de espera y un expediente "perdido"
El reclamo de Rivera no es nuevo. La adjudicacin original del lote data de la dcada del 90, tiempo durante el cual la vecina cumpli con los pasos administrativos exigidos por la entidad. Sin embargo, el conflicto estall recientemente cuando, al intentar regularizar la situacin final del predio, se encontr con una respuesta desconcertante por parte de las autoridades del gremio: su expediente fsico no aparece.
Esta desaparicin de documentacin histrica dentro de la propia estructura de APAP habra sido la maniobra necesaria para permitir una nueva adjudicacin del mismo lote a terceros, quienes hoy ya han construido en el lugar.
El rol de Marcelo Ojeda
Segn el testimonio de Rivera, el referente de APAP, Marcelo Ojeda, habra sido la persona que dispuso del lote para entregarlo a otra familia. Lo paradjico del caso es que Ojeda y la damnificada fueron compaeros de trabajo en el mbito hospitalario, por lo que el dirigente conoca perfectamente que ese terreno tena una duea legtima.
"l saba que ese terreno era mo y aun as lo dispuso para otros", afirma Cristina Rivera. Los actuales ocupantes del predio, al ser confrontados por ella, alegaron haber realizado la transaccin a travs del gremio, presentando como nico aval un recibo informal o "papelito" entregado por la entidad, carente de validez legal frente a un ttulo de propiedad.
Doble perjuicio: El bloqueo del IDUV
Esta irregularidad interna de APAP genera un perjuicio doble. Debido a que en los registros provinciales el terreno sigue figurando a nombre de Rivera, el IDUV le bloquea el acceso a cualquier otro plan de vivienda social por "ya poseer una propiedad".
Se genera as una situacin de injusticia absoluta: el Estado le reconoce la propiedad para negarle beneficios habitacionales, pero el gremio permite que otra familia viva en ella y no da respuestas sobre la documentacin histrica que Rivera present y pag durante aos.
Pedido de explicaciones urgentes
Cristina Rivera exige que la cpula de APAP d una respuesta inmediata sobre el manejo de los archivos de la Manzana 33. "No pido nada que no me pertenezca. Solo exijo que el gremio se haga cargo de los papeles que escondieron o perdieron en estos 30 aos y que me devuelvan el terreno que pagu con mi esfuerzo", sentenci la vecina.
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