En un giro tan esperado como doloroso, ayer se confirmó oficialmente que uno de los restos óseos (específicamente una de las manos) hallados durante los rastrillajes pertenece a García. El dato, que debería haber acelerado de inmediato todas las medidas judiciales, se topó de frente con una respuesta indignante por parte del juez a cargo de la investigación: la provincia no cuenta con dinero para cotejar los demás restos hallados.

Una investigación dividida y paralizada
La estrategia judicial actual ha decidido fragmentar el expediente en dos líneas paralelas: por un lado, la causa por la desaparición y, por otro, la investigación de un posible crimen. Sin embargo, esta división técnica no se traduce en avances concretos. Mientras la provincia alega falta de presupuesto para reactivos y peritajes de laboratorio, la familia permanece en una incertidumbre agónica.

"Es lamentable la actitud del juez y la política que tenemos en esta provincia. Hoy todo está a la espera de si hay o no dinero, mientras el tiempo sigue pasando", expresaron fuentes cercanas al caso.

El drama de la falta de recursos forenses
La falta de inversión en el sistema forense de Santa Cruz no es un tema nuevo, pero en el Caso García alcanza un punto crítico. La identificación de los restos hallados es la pieza clave para determinar si la búsqueda de paradero debe transformarse definitivamente en una carátula de homicidio. Sin el cotejo genético, la causa queda en un limbo jurídico.

Puntos clave del estancamiento
Falta de reactivos: Los laboratorios locales no estarían en condiciones de procesar las muestras por deudas o falta de insumos.
Dependencia política: La justicia queda supeditada a las partidas presupuestarias que el Ejecutivo provincial decida (o no) liberar.

Fragmentación judicial: La separación de las causas por desaparición y crimen podría diluir la responsabilidad de los investigadores y demorar los tiempos procesales.

La comunidad de Caleta Olivia observa con desconfianza un sistema que, ante la desaparición de un ciudadano, responde con excusas contables en lugar de respuestas científicas. El derecho a la identidad y a la justicia no debería tener un precio que el Estado se niegue a pagar.