El Sindicato de Trabajadores Judiciales rompió el silencio con un informe devastador. Abuso de autoridad, violencia laboral y sumarios "cajoneados" ponen en jaque la credibilidad del Poder Judicial. Desde el gremio denuncian un sistema de protección institucional que ampara a magistrados frente a delitos graves.

La balanza de la justicia parece estar inclinada, pero no precisamente hacia la equidad. Un detallado informe presentado por el gremio de empleados judiciales ha destapado una olla de presión que involucra a jueces y funcionarios de toda la provincia. La acusación es grave y directa: existe una red de inacción deliberada por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que garantiza la impunidad de quienes deberían dar el ejemplo.

Zona Norte: El epicentro del conflicto
La región norte de la provincia se consolida como el foco más crítico de las irregularidades. Los nombres propios de la magistratura hoy no figuran en las sentencias, sino en los expedientes de denuncia:

• Las Heras: El pedido de Jury de Enjuiciamiento contra el Juez Eduardo Quelin encabeza la lista. Se lo acusa de un sistemático abuso de autoridad que ha sobrepasado los límites de la función pública.
• Caleta Olivia: La lupa está puesta sobre la Jueza Rosa González, la Secretaria Astrada Zari y la Defensora Ximena Vallares, todas señaladas por comportamientos violentos hacia el personal.
• Pico Truncado: La situación no es distinta. Los jueces Nieva Figueroa y Leonardo Cimini enfrentan acusaciones por violencia laboral, con el agravante de que los sumarios administrativos en su contra permanecen paralizados.

Un Cáncer Institucional que se extiende
El informe no se limita al norte. El gremio advierte que el malestar es sistémico y recorre la provincia de punta a punta, desde Río Gallegos hasta Río Turbio. Los delitos denunciados escalan en peligrosidad y van mucho más allá del maltrato de oficina:

• Acoso laboral y hostigamiento.
• Irregularidades administrativas graves.
• Vínculos con el crimen organizado.

El sindicato menciona sospechas de conexiones con causas de narcotráfico y robo de armas, un punto que eleva el escándalo a una crisis de seguridad provincial.

"Los magistrados deben responder ante la justicia como cualquier ciudadano, sin privilegios", sentenciaron desde el gremio.

¿Justicia o Privilegio?
La inacción es el punto de mayor fricción. Para los trabajadores, el mensaje que se envía a la sociedad es peligroso: quienes tienen el poder de juzgar son, en la práctica, inmunes al proceso legal.

Mientras los sumarios duermen el "sueño de los justos", el clima laboral en las defensorías y juzgados es insostenible. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿Quién juzga a los que juzgan?