Un grave hecho de presunta insensibilidad y persecución administrativa sacude a la Dirección Provincial de Educación Técnica Profesional, dependiente del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz. Oscar Hugo Voutat, un agente administrativo del área, envió una durísima nota formal a la Directora Provincial, Lic. Sandra Ortiz, denunciando haber sufrido reiterados hechos de hostigamiento a través de su teléfono particular en momentos críticos de su salud.

Según consta en el documento fechado el pasado 18 de mayo, el conflicto estalló el 25 de febrero de este año, cuando Voutat comenzó a recibir insistentes mensajes de WhatsApp en los que se le exigía la notificación presencial o inmediata de la Disposición Interna N° 020/DPETP/2026. Lo alarmante del caso, según describe el afectado, es que en ese preciso instante se encontraba ingresado en un centro médico, preparándose para una tomografía de doble contraste.

Voutat, quien se encuentra bajo el régimen de carpeta médica desde el 1 de junio de 2025, padece un diagnóstico de cáncer de colon. En su descargo, detalla el devastador proceso que incluye una cirugía mayor realizada a mediados del año pasado, extensas sesiones de quimioterapia adyuvante y la actual espera de estudios complementarios para lograr una reconexión intestinal.

"Durante los diez meses transcurridos en carpeta médica, no he recibido ningún tipo de consulta ni acompañamiento respecto de mi estado de salud por parte de la Dirección", fustigó el agente en la misiva, marcando el violento contraste con la repentina insistencia burocrática.

Burocracia y abandono institucional
La denuncia pública del agente no solo apunta a los mensajes de texto fuera de término y lugar, sino que deja al descubierto un entramado de demoras del propio Estado provincial. Voutat denunció que la biopsia de su enfermedad sufrió retrasos de dos meses y que la Caja de Servicios Sociales (la obra social estatal) tardó noventa días en autorizarle los fármacos oncológicos esenciales. De no ser por estas trabas burocráticas, asegura, ya habría sido intervenido quirúrgicamente para su reconstrucción digestiva.

El damnificado recordó a las autoridades que su condición está plenamente respaldada por la Junta Médica y amparada bajo el beneficio de la Ley Provincial N° 2774, marco regulatorio que protege de manera estricta a los pacientes que afrontan tratamientos crónicos o neoplásicos de largo tratamiento en la administración pública.

Exigencias formales
Hacia el cierre del documento administrativo, el empleado calificó el accionar del Servicio de Reconocimientos Médicos y de la Dirección como "inadecuado", cuestionando el perfil de liderazgo y eficiencia humana de la gestión de la Licenciada Ortiz.

Ante este panorama, solicitó formalmente que su nota sea asentada como antecedente y constancia real de los hechos, que se garantice el respeto irrestricto a su licencia médica y que cese de inmediato cualquier tipo de requisitoria vía canales informales como WhatsApp, las cuales —enfatizó— "pueden interpretarse como presiones y hostigamiento" en medio de una situación donde peligra su propia vida.