Hay momentos en la vida institucional de una provincia donde la realidad desborda el discurso oficial y deja al desnudo la falta de conducción. Santa Cruz atraviesa hoy uno de esos puntos de quiebre. El conflicto policial, lejos de encauzarse mediante el diálogo genuino, ha cumplido hitos alarmantes: el pasado 26 de junio se cumplió un mes desde que los policías retirados instalaron la "Carpa de la Dignidad", y ayer se alcanzó el primer mes de una medida de fuerza inédita por parte del personal policial en actividad.

Frente a este escenario de parálisis, la respuesta del Ejecutivo provincial no ha sido la política —esa herramienta destinada a destrabar los conflictos mediante el consenso—, sino el desgaste, el apriete y la judicialización.

Cinco mesas, trece propuestas y ninguna solución
El devenir de las negociaciones salariales roza el absurdo. Cinco mesas de diálogo y trece propuestas presentadas por el Gobierno nacional y provincial han fracasado sistemáticamente. No por capricho de los trabajadores, sino por una cruda realidad económica: ninguna de las ofertas se acerca al piso de $2.200.000 solicitado por la fuerza para cubrir el costo de vida actual.

El marco en el que se dieron estas rees expone la precariedad institucional de la provincia. Con un Ministerio de Trabajo acéfalo, la responsabilidad recayó sobre los jefes policiales y el secretario de Trabajo, Julio Aravena. En lugar de mediar, la estrategia oficial consistió en "apretar" al personal para forzar el regreso a las funciones bajo la amenaza latente de iniciar sumarios administrativos. En un intento desesperado por deslindar responsabilidades, pretendieron meter en la discusión a la Ministra de Trabajo de la Nación, una maniobra inconducente sabiendo que el conflicto es de estricta competencia e interés provincial.

La escalada sumó un capítulo judicial severo con la denuncia penal presentada por la Fiscalía de Estado contra los referentes de los policías autoconvocados, aparece el manual de la vieja política, cuando faltan recursos o ideas para resolver un problema salarial, se criminalizá la protesta.

El fantasma de la "politización" frente a un reclamo genuino
Ante la falta de una política salarial seria, el Gobierno ha optado por el libreto más cómodo: declarar la ilegalidad del reclamo y agitar el fantasma de que la protesta "está politizada". Es un argumento falaz que busca deslegitimar una lucha que nace de la base misma del trabajador. En la "Carpa de la Dignidad" y en las asambleas no hay banderas partidarias; lo que hay son familias policiales que no llegan a fin de mes, que ven cómo su poder adquisitivo se pulveriza y que exigen condiciones laborales dignas para arriesgar su vida día a día.

La magnitud de la crisis quedó ratificada por la propia Jefatura de Policía. El reconocimiento oficial de que, de un total de 6.800 efectivos que componen la fuerza en la provincia, solo 600 se encuentran prestando servicios, es una confesión de vulnerabilidad civil alarmante. Desoir el reclamo del 90% de la fuerza policial no es solo un error de cálculo paritario; es una irresponsabilidad institucional que pone en jaque la seguridad de todos los santacruceños.

La hora de la política real
Gobernar es fijar prioridades. El conflicto policial de Santa Cruz no se va a resolver con denuncias en la fiscalía, con ministerios acéfalos, ni esperando que el paso del tiempo adormezca el reclamo en las calles. Se resuelve reconociendo la legitimidad del pedido y sentándose a negociar con números reales sobre la mesa.

El hilo se está tensando al límite. Es hora de que el Gobierno provincial abandone la intransigencia, guarde el garrote de las amenazas administrativas y demuestre la madurez política que la urgencia de Santa Cruz está demandando.