En política existen dos maneras de abordar un conflicto social: sentarse a negociar para desactivar la bomba, o patear el tablero y rociar el escenario con combustible. El Gobierno de Santa Cruz, a través de una agresiva e inflexible presentación judicial de la Fiscal de Estado, Natalia Linardi, ha elegido decididamente la segunda opción. Lejos de tender puentes ante un reclamo salarial que ya es de público conocimiento y que ahoga a los trabajadores, la respuesta oficial fue una denuncia penal que criminaliza la protesta y agudiza una crisis institucional que promete salirse de control.

La presentación judicial —que imputa delitos pesadísimos como "atentado contra la autoridad", "violación de domicilio" y "coacción" a los policías activos y retirados que manifestaron en los jardines de la Casa de Gobierno— lee el conflicto con una miopía alarmante. Donde hay una desesperada demanda de recomposición económica por parte de las fuerzas que deben cuidar a los ciudadanos, el Ejecutivo prefiere ver un "ataque sedicioso".

El peligro de jugar con fuego
El punto más crítico, y que demuestra que el Gobierno prefiere la confrontación abierta antes que la diplomacia, es el pedido urgente de una medida cautelar para desplazar a la propia policía provincial del cuidado de la Casa de Gobierno. Bajo el argumento de una presunta "omisión o ineficacia" de la fuerza local, la Fiscalía solicitó formalmente la intervención de fuerzas de seguridad federales.

Esta maniobra es, por diseño, una provocación. Invitar a fuerzas federales a intervenir en un conflicto con la policía local no hace más que romper los últimos hilos de institucionalidad y sumarle una tensión insostenible a las calles de Río Gallegos. En lugar de buscar soluciones de fondo al descalabro salarial, se opta por el camino del medio: el de la fuerza y la judicialización.

Criminalizar en vez de gobernar
La denuncia detalla minuciosamente el "bloqueo de portones" y la presunta afectación a la "libertad ambulatoria" de los funcionarios del Ministerio Secretaría General de la Gobernación. Sin embargo, el texto omite deliberadamente la raíz del problema: el descontento social y el flagelo económico que empujó a los uniformados a visibilizar su situación en los jardines del edificio oficial.

Al calificar el reclamo como una "afrenta directa al libre ejercicio de la función pública", los funcionarios parecen atrincherarse en sus despachos, más preocupados por la comodidad de la salida de sus vehículos oficiales que por la realidad económica del personal bajo su mando.

La estrategia de "mano dura judicial" pocas veces ha servido para llenar los bolsillos vacíos de los trabajadores. Al judicializar una mesa de paritarias que debió resolverse con política y números, las autoridades provinciales no hacen más que radicalizar las posturas. La jornada del 23 de junio no será recordada por un intento de diálogo, sino como el día en que el Gobierno prefirió redoblar la apuesta represiva, echando más leña a un fuego que ellos mismos, por acción u omisión, ayudaron a encender.