El conflicto con las fuerzas de seguridad de Santa Cruz ingresó en una fase de máxima tensión y virtual ruptura institucional. Tras el dictado de la Resolución 342 por parte del Ministerio de Seguridad —aún pendiente de la firma del gobernador Claudio Vidal—, referentes de los policías y penitenciarios autoconvocados anunciaron el rechazo absoluto a la propuesta y ratificaron la continuidad por tiempo indeterminado de los acampes, asambleas y medidas de fuerza en toda la provincia.

Los voceros de los manifestantes denunciaron que la normativa, dictada el pasado sábado 11 de julio, representa una "imposición unilateral" que vulnera el espíritu del Decreto 212, base jurídica del Consejo del Salario, el cual exige el consenso de todas las partes para cerrar una paritaria.

Sumas en negro y haberes que no cubren la canasta básica
Desde los sectores en lucha calificaron el aumento otorgado por decreto como "engañoso e insuficiente". Según detallaron, la medida gubernamental vuelve a incorporar sumas no remunerativas (en negro), lo que perjudica de manera directa al sector pasivo de la institución.

"Estas sumas no remunerativas dejan completamente de lado a nuestros retirados, pensionados y jubilados. Solo impactan mínimamente en el personal activo por una suba en el valor punto. Nosotros nos plantamos firmes: exigimos un sueldo mínimo de 2.200.000 pesos en mano para un agente recién ingresado y que todos los incrementos vayan al básico", argumentaron los delegados en diálogo con la prensa local.

Asimismo, refutaron los argumentos del secretario de Estado de Trabajo, Julio Aravena, respecto a supuestos incidentes que habrían obligado a cerrar la última mesa de negociación: "Es una mentira para ensuciar la lucha. El acta paritaria es pública y el propio ministro constató que la reunión se cerró de forma totalmente normal. Usan excusas porque se quedaron sin argumentos".

La realidad de las calles: guardias de emergencia y comisarías devastadas
Ante la intimación implícita en la resolución ministerial que obliga al personal a presentarse en sus puestos de trabajo habituales, los autoconvocados aclararon que el personal nunca dejó de asistir a sus turnos, desmintiendo las versiones de un paro total.

Cadena de mandos cortada: Los efectivos acuden a las dependencias pero no acatan directivas de la Jefatura de Policía ni del ministro de Seguridad, Javier Prodromos.

Atención de emergencias: Se garantizó que la cobertura ante llamados de urgencia (homicidios, incendios o robos calificados) se mantiene activa al 100% en toda la provincia. Sin embargo, las tareas administrativas y los patrullajes preventivos habituales continúan suspendidos.

Abandono edilicio y superpoblación: Desde el sector instaron al gobernador a recorrer el territorio: "Ni el ministro ni la cúpula saben lo que pasa. Las comisarías están abandonadas, devastadas y con una superpoblación crítica de detenidos que hace peligroso el trabajo diario".