La confirmación del cierre de la sucursal de la cadena Carrefour en Río Gallegos y el consecuente despido de 40 trabajadores encendió las alarmas sociales y desató una ola de pronunciamientos en el arco político y gremial de la capital santacruceña.

Tras la sorpresiva medida empresaria, trabajadores de la firma se manifestaron frente a la persiana baja del local junto a representantes del Frente Sindical Santa Cruz. A través de un comunicado de prensa, la agrupación gremial expresó su total solidaridad con los exempleados y ratificó su acompañamiento a las medidas de fuerza o acciones legales que impulse el Sindicato de Empleados de Comercio.

"Se cierra un comercio cada dos días"
Desde el Frente Sindical remarcaron la extrema dificultad de quedar desempleado en el contexto actual de la provincia, señalando un panorama sumamente complejo golpeado por el retraimiento económico y las secuelas del retiro de la operadora YPF.

"El caso de Carrefour no es un hecho aislado de un privado al que le va mal; es parte de una política de estado que nos afecta a todos. Hoy vemos cómo se cierra un comercio cada dos días, sumado a despidos hormiga en pymes y negocios locales" , advirtieron desde el espacio sindical, apuntando las responsabilidades políticas tanto a la gestión de Javier Milei en Nación como a la administración de Claudio Vidal a nivel provincial.

El PJ apuntó contra el modelo y exigió contención estatal
Por su parte, el Consejo Local del Partido Justicialista (Lista Celeste y Blanca) emitió un documento de posición política bajo el lema "Cuando cierran comercios, se golpea a las familias trabajadoras".

En el escrito, la dirigencia peronista local remarcó que "no se trata solamente de una persiana que baja, sino de familias golpeadas y salarios que desaparecen". En ese sentido, apuntaron contra el Gobierno Nacional por "destruir el consumo y licuar salarios", pero también cuestionaron con severidad al Gobierno Provincial por "mirar para otro lado o sacarse fotos sin dar respuestas reales" ante la caída sostenida de la actividad comercial.

Frente a la escalada de despidos en el sector privado, desde el PJ exigieron la conformación urgente de una mesa de seguimiento e intervención de los organismos correspondientes para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los 40 damnificados y brindar alternativas de contención económica para sus familias.