La salida del país de los gigantes internacionales dejó de ser un anuncio lejano para convertirse en una dura realidad en las calles de la capital santacruceña. La firma multinacional Carrefour, que tiempo atrás ya había adelantado sus intenciones de achicar su estructura y retirarse paulatinamente de la Argentina, concretó el cierre definitivo de su sucursal en Río Gallegos.
La medida deja al descubierto el contraste entre el discurso oficial y la economía real: lejos de las promesas de inversiones y reactivación económica pregonadas por la gestión nacional de Javier Milei y los compromisos del gobierno provincial de Claudio Vidal, el escenario comercial de la ciudad suma un nuevo "persianazo" y más trabajadores en la calle.
El Gobierno provincial busca frenar el impacto
Ante este panorama, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz comunicó que mantiene un seguimiento activo del conflicto. El secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, encabeza las gestiones junto al Sindicato de Empleados de Comercio para intentar preservar las fuentes laborales o alcanzar una salida negociada.
Desde la cartera laboral indicaron que no se descarta aplicar herramientas legales de mayor alcance:
"La prioridad es proteger las fuentes de trabajo. Si el avance de las conversaciones lo requiere, la autoridad laboral podrá disponer la conciliación obligatoria" , expresaron desde la Secretaría de Estado de Trabajo.
Un ajuste que se replica en todo el país
El caso de Río Gallegos se enmarca en un plan de reestructuración global de la multinacional francesa, que en las últimas semanas ya viene ejecutando cierres masivos y retiros voluntarios en sucursales de Mendoza y Buenos Aires.
Sin embargo, a nivel local la noticia cayó como un verdadero baldazo de agua fría. Entre la recesión económica, la pérdida de consumo y la falta de respuestas de fondo por parte de los ejecutivos nacional y provincial, la crisis comercial en Santa Cruz vuelve a cobrar un alto precio en la vida de decenas de familias trabajadoras.