En el marco del inicio del segundo tramo del ciclo lectivo 2026, la diputada provincial Agostina Mora dialogó con Radio Urbana y lanzó fuertes críticas al Gobierno de Santa Cruz.
Durante la entrevista, la legisladora analizó el fallido intento del Ejecutivo por aprobar la emergencia habitacional en sesiones extraordinarias, la creciente tensión con la policía provincial, los problemas edilicios en las escuelas de Río Gallegos y lo que definió como un “sistema inequitativo” en la distribución salarial.
Emergencia habitacional y el paso a comisiones
Respecto al tratamiento de la emergencia habitacional durante el receso parlamentario, Mora calificó la convocatoria como una “sesión forzada” que buscaba otorgar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para reasignar partidas y flexibilizar contrataciones.
“El Gobierno pretende sumas del poder público y autoarrogarse facultades que le corresponden al Poder Legislativo. Frente a la falta de votos, incluso dentro del propio oficialismo, la salida más elegante que encontraron fue enviar el proyecto a comisiones.”
Malestar en la policía y reclamos de la fuerza
La diputada se refirió también al fallido pedido de interpelación al ministro de Seguridad tras el conflicto con el personal policial y los sectores retirados, quienes denunciaron un desfasaje entre el aumento prometido del 12% y el 10% efectivamente percibido.
Mora advirtió que la respuesta oficial ante las protestas agravó la situación:
Falta de diálogo: Se priorizaron las denuncias penales por sobre las mesas de negociación.
Represalias: Hubo reasignaciones de puestos de trabajo e intimidación hacia los efectivos manifestantes.
Pérdida de confianza: Se evidencia una falta de credibilidad que dificulta el cese de los conflictos sociales.
Infraestructura escolar y el reinicio de clases
En el primer día de clases tras el receso invernal, la legisladora respaldó las denuncias del gremio docente (ADOSAC) en Río Gallegos sobre establecimientos que no pudieron reabrir sus puertas por serios deterioros edilicios.
Mora sostuvo que la respuesta del Consejo Provincial de Educación es propia de un “jefe de mantenimiento” y no de una gestión educativa integral. Señaló que este descontento se suma al de otros sectores estatales en conflicto, como los empleados judiciales, del Tribunal de Cuentas y legislativos.
Polarización y confrontación con los municipios
Al evaluar la relación entre el gobierno provincial y los municipios, en especial con la capital santacruceña, la diputada criticó la estrategia de confrontación política:
Campaña permanente: Acusó al Ejecutivo provincial de utilizar la gestión institucional para polarizar con la oposición en lugar de resolver las demandas ciudadanas.
Uso mediático: Sostuvo que existe un despliegue comunicacional que busca figurar en tareas operativas —como el auxilio ante emergencias climáticas— que son, en realidad, obligaciones estatales básicas.
Objetivos para el cierre del año legislativo
Finalmente, la diputada adelantó las prioridades para los próximos meses:
Protección de recursos municipales: Impulsar una distribución de ingresos más equitativa para amortiguar el impacto del ajuste en las comunas.
Equidad salarial: Exigir recomposiciones para los sectores postergados de la administración pública y revisar los incrementos automáticos en cargos jerárquicos (viáticos, unidades de mérito y desarraigo).
“Hay un sistema sumamente injusto: mientras a un trabajador se le pide que resista sin llegar a los 800 mil pesos, se mantienen privilegios para los cargos más altos de la gestión”, concluyó.