El gremio docente mantuvo rees con el ministro Ezequiel Verbes tras el impacto de los descuentos de julio, incumpliendo el acuerdo paritario. Desde el Ejecutivo argumentaron fallas administrativas en el Consejo Provincial de Educación y prometieron acreditar los fondos por planilla complementaria.

Representantes de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), encabezados por su secretario general César Alegre, desplegaron intensas gestiones ante distintas dependencias del Gobierno provincial —incluyendo el Ministerio de Trabajo, Educación y Economía— para exigir la devolución inmediata de los montos descontados por días de huelga en los haberes del mes de julio.

El reclamo se fundamentó en el incumplimiento de lo acordado en la paritaria del pasado 9 de julio, donde el Ejecutivo provincial se había comprometido a no aplicar retenciones salariales por medidas de fuerza como gesto de buena fe en el marco de la negociación.

Durante la tarde, los dirigentes gremiales fueron recibidos por el ministro de Economía, Contador Ezequiel Verbes. Tras la presentación de notas y una conferencia de prensa en la que el gremio visibilizó la grave situación económica de los educadores afectados, el Gobierno provincial emitió un comunicado informando que se liquida la restitución de los importes mediante una planilla complementaria para su acreditación inmediata.

Según explicaron desde el sector gremial, las autoridades gubernamentales justificaron la demora atribuyéndola a fallas de gestión y problemas administrativos dentro del Consejo Provincial de Educación (CPE), área cuya coordinación de mantenimiento y procesos de liquidación pasaría a la órbita de la cartera económica.

Rechazo al ítem de 500 mil pesos y estado de las escuelas

Por otra parte, el titular de ADOSAC se refirió a la suma extraordinaria de 500.000 pesos anunciada por el Gobierno para quienes mantuvieron asistencia perfecta, calificándola como un "presentismo encubierto" orientado a disciplinar al sector y limitar el derecho a huelga. Desde el gremio remarcaron que más del 90% de la docencia no percibirá dicho monto e insistieron en que cualquier recomposición salarial debe aplicarse de manera remunerativa y directamente al básico para no perjudicar a los jubilados.

Asimismo, la conducción docente ratificó que las medidas de fuerza responden al persistente deterioro de la infraestructura escolar —falta de calefacción, problemas de agua y falencias edilicias generales—, así como a los atrasos en el cobro de sueldos que sufren educadores en diversos puntos de la provincia.