En una entrevista brindada a Radio Urbana, el representante del personal legislativo, David Catriuala, denunció el traslado de trabajadores de planta permanente de la Legislatura provincial hacia una nueva dependencia anexa en el predio donde funcionaba Gendarmería (intersección de las calles Pellegrini y Sarmiento).

La medida, implementada desde inicios de mes, afectó a varios empleados e incluyó la relocalización de oficinas de legisladores. Según explicó Catriuala en diálogo con la periodista Alejandra, la justificación oficial fue una supuesta "sobrepoblación" de personal en la sede central de Alcorta. Sin embargo, el referente gremial desmintió este argumento al señalar que la mayoría de la nómina corresponde a personal político y parlamentario, mientras que en el edificio tradicional continúan ingresando nuevas personas ajenas a la estructura permanente.

Crecimiento de la estructura política
Durante la entrevista, Catriuala contrapuso la situación de los trabajadores con la expansión de la estructura organizativa de la Cámara de Diputados registrada entre el 10 de diciembre de 2023 y la actualidad:

• Direcciones: Incremento del 20%.
• Subdirecciones: Suba del 31%.
• Divisiones y secciones: Aumento del 28%.
• Secretarías: Incorporación de 2 nuevas áreas.

El representante gremial afirmó que estas modificaciones responden a un uso de la estructura pública con fines electorales políticos en detrimento de los trabajadores de carrera. Asimismo, sostuvo que las autoridades adoptaron una postura "unilateral" al no habilitar canales de diálogo genuinos.

Trámites administrativos y vía judicial
A casi tres meses de haber asumido la representación gremial, el vocero indicó que han presentado solicitudes formales de reunión para tratar condiciones laborales y salariales sin obtener respuesta favorable. Manifestó que la gestión fundamenta la falta de interlocución en la exigencia de una certificación de autoridades emitida por el Ministerio de Capital Humano, requerimiento que calificó como un mero trámite administrativo utilizado para invalidar la representación de los trabajadores.

Ante este panorama, desde el sector confirmaron que recurrieron a la Justicia Federal a la espera de un pronunciamiento que destrabe la situación institucional y garantice el cumplimiento de los derechos laborales.