Con una importante presencia de trabajadores municipales y vecinos, la capital provincial fue escenario de una jornada de movilización pública en reclamo contra las decisiones financieras adoptadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz. La manifestación, de carácter pacífico, recorrió los principales puntos institucionales de la ciudad para elevar petitorios formales en los tres poderes del Estado.

Presentaciones clave para frenar el ajuste
Durante la concentración, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Río Gallegos, Diego Robles, detalló el alcance de la protesta y ratificó que las acciones buscan sentar un antecedente institucional en defensa de todos los municipios de la provincia.

Robles explicó que la columna de marcha contempló tres paradas estratégicas:
• Tribunal Superior de Justicia: Ingreso de una nota formal para que el máximo tribunal se expida sobre la cuestión de fondo respecto a la legalidad de que un funcionario o decreto provincial retenga o descuente fondos de la coparticipación garantizada por la Constitución.
• Casa de Gobierno: Presentación ante la mesa de entradas pidiendo expresamente al gobernador provincial que se abstenga de aplicar quitas sobre los recursos coparticipables destinados a la comuna.
• Cámara de Diputados: Presentación de un proyecto de ley para modificar la actual norma de coparticipación provincial y brindar una solución definitiva y transparente a la distribución de recursos.

"Esta es una movilización en defensa de la autonomía de los municipios. Hoy le toca a Río Gallegos, pero potencialmente le puede pasar a cualquiera. Pedimos que la Justicia se expida sobre la cuestión de fondo y que la Legislatura modifique la ley de coparticipación, que es la verdadera solución que todos conocen."

El debate de los aportes y la coparticipación
Consultado sobre las críticas del Gobierno provincial relativas al pago de aportes previsionales y asistenciales a las cajas provinciales, Robles encuadró el conflicto en una problemática estructural que data de la década de 1990. Argumentó que sucesivas leyes y esquemas de detracción modificaron la relación financiera sin resolver el problema de fondo, y rechazó que se intente instalar una "discusión simplista" sobre las cuentas comunales.

En ese sentido, el funcionario municipal cuestionó que las autoridades provinciales analicen la economía local sin contemplar la totalidad de los costos operativos que afronta el Municipio, como insumos, servicios básicos, mantenimiento urbano y salarios.

"Decir que a un municipio le alcanza con lo que recibe es como decirle a una familia que pague el alquiler pero se olvide de vestir, dar de comer o mandar a los hijos al colegio. Hay una simplificación y un debate con argumentos falsos en los que no vamos a entrar."